Dos plataformas por la deuda y el cambio de modelo energético analizan los pagos «ilegítimos» que la población ha podido asumir desde el fin de la regulación estatal del sector eléctrico. En 15 de sus 18 años de liberalización, el sector eléctrico español ha podido ingresar hasta 103.000 millones en pagos que no tienen correspondencia con los intereses de la población y que podrían considerarse “ilegítimos”. Es el balance del Observatorio de la Deuda en la Globalización en un estudio que también cuenta con la participación de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Intentan poner sobre la mesa el debate sobre el reparto de las cargas asociadas al sector de la electricidad desde que dejó de ser de regulación estatal. La importancia de auditar el coste de su liberalización radica en que los pagos a las eléctricas así como sus deudas “tienen consecuencias para las vidas y los medios de vida de las personas”, según el estudio «El coste real de la energía: Estudio de los pagos ilegítimos al sector eléctrico español 1998-2013».
“El principal instrumento del reparto, la tarifa eléctrica, contiene algunos apartados que deberían ser revisados para responder realmente al interés de la ciudadanía”, sostiene la plataforma conjunta. También considera que el mecanismo de fijación de los precios de la electricidad “obvia los costes reales de generación, produciendo desequilibrios muy significativos” en forma de “beneficios caídos del cielo” que el estudio ha comparado con el escenario previo a 1998, cuando el Estado regulaba el sector. “Como consecuencia, la deuda reconocida por el Estado de los usuarios con el sector podría ser considerada mayoritariamente ilegítima”, disponen los autores del análisis, que se presenta hoy.
La investigación se ha basado en el análisis a tres niveles (economía real, financiera y economía “real-real” o ecológica) que se corresponden con el estudio de tres pilares de los pagos al sector: el análisis de los componentes de la tarifa eléctrica, que ha canalizado los pagos de los usuarios a la industria; el estudio de la subasta CESUR y el denominado déficit de la tarifa eléctrica, y la externalización de costes que se hayan traducido en “pasivos ambientales y sociales”.
En el primer aspecto, el estudio sostiene que la tarifa eléctrica deviene en resultados anómalos como la “generación de beneficios extraordinarios sin justificar para los propietarios de las centrales nucleares e hidroeléctricas más antiguas”. Estos beneficios “injustificados” de las empresas, que resultan de la diferencia entre lo ingresado por estas instalaciones desde 1998 y lo que habrían percibido según el método anterior, serían esos “beneficios caídos del cielo”.
En el plano de la economía financiera, la generación de ingresos no legítimos para las grandes eléctricas proviene de la subasta CESUR y los intereses del llamado déficit de tarifa. “En el primer caso, el Gobierno reconoció a inicios de 2014 que los ciudadanos habían soportado un pago adicional injustificado a través dela factura entre 2009 y 2013”, causado por la subasta CESUR. En el segundo caso, la emisión de bonos derivados del déficit de tarifa “compromete recursos públicos futuros” para el pago de unaos intereses generados, a su vez, por una deuda que puede ser considerada ilegítima, “por haber sido generada de manera opaca e irregular”.
En cuanto a la deuda ecológica, el estudio sostiene que la relación del sector eléctrico español con la economía “real-real” sobrepasa “los límites biofísicos y éticos”, lo que deriva en que el sector eléctrico ha contraído una deuda ecológica.
Tras el análisis de los tres pilares el estudio concluye que la suma de los pagos realizados al sector eléctrico en el periodo de la liberalización se encontrarían entre los 66.000 y los 76.000 millones de euros que, actualizados según el valor del dinero en 2013, oscilaría entre los 81.709 y los 103.899 millones de euros.
La década funesta de los precios de la luz
El recibo de la luz ha subido un 76% en la última década: el usuario medio paga 400 euros más al año por su factura eléctrica que en 2005. Era la cifra aportada hace unas dos semanas por Facua-Consumidores en Acción, que responsabilizan de la “descomunal subida” a las políticas energéticas de los sucesivos gobiernos, “plegadas a los intereses de las grandes eléctricas”.
Con las tarifas vigentes durante los últimos 12 meses, el usuario medio acogido al denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) ha pagado 929,15 euros por las facturas de la electricidad (77,4 euros mensuales), frente a los 529,32 (44,1 al mes) que abonaba con la tarifa aprobada por el Gobierno en 2004. La asociación denunciaba que la “brutal subida tarifaria” pone de manifiesto que la liberalización desarrollada por los gobiernos del PP y el PSOE sólo han beneficiado al oligopolio eléctrico
