La resolución de inconstitucionalidad destaca que el Govern no está capacitado para regular en materia de impuestos, pues necesita el apoyo del Parlamento regional. El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno de Mariano Rajoy en su pulso con Cataluña por el impuesto a los depósitos bancarios. En la resolución de inconstitucionalidad se subraya además que la Generalitat de Artur Mas no cuenta con competencias para la fijación de “impuestos propios” mediante decreto.
La resolución emitida por el Constitucional este lunes señala también que existe un impuesto estatal “similar” que hace que el catalán pierda todo argumento de legalidad. De este modo, la tasa fijada por el equipo de Rajoy se hace con el aval del Alto Tribunal frente a la que en 2012 se instauró en Cataluña. En ambos casos, la carga se aplicaba a las entidades de crédito con diferencia sólo en cuanto a la cuantía a aplicar.
En este sentido, el impuesto catalán preveía una rebaja para las entidades cuya sede social estuviera radicada en territorio de la región. En cualquier caso, se destaca que el Govern no tiene facultades para el desarrollo de un marco impositivo propio, ya que el Estatuto de Autonomía fija que cualquier directriz en esta materia debe emanar del Parlamento regional, no de su equipo de Gobierno.
Había sido el propio Gobierno nacional el que había cursado recurso de inconstitucionalidad contra la norma catalana. En un primer momento, el Tribunal había admitido a trámite el asunto y había decretado la suspensión de la tasa. Ahora, como ya ocurrió hace unos meses con un impuesto similar en la Comunidad Valenciana, queda en papel mojado.
