Estos centros clandestinos desfalcan a la Hacienda Pública 230 millones, la misma cantidad que debe la región levantina a los farmacéuticos a los que les debe dos meses y medio de facturación. Los talleres ilegales generan un fraude fiscal a la Hacienda Pública de 230 millones de euros anuales derivados no sólo del impago del IVA –que no le cobran al cliente final- sino también de la evasión de impuestos derivados de su propia actividad, como son los tributos de Sociedades e IRPF, según la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam). ¿Qué se podría solucionar con ese dinero defraudado?
Con los 230 millones desfalcados, por ejemplo, la Comunidad de Valencia podría saldar la deuda que mantiene con los farmacéuticos de la región a los que se les debe dos mes y medio de facturación (abril, mayo y el 41,98% de marzo), lo que supone aproximadamente esa cantidad, tal y como denunció este colectivo el pasado mes de julio en las puertas del edificio de la Delegación del Consell de Hacienda.
Volviendo a los talleres, estos centros ilegales representan ya el 20% del total por lo que se trata de alrededor de 10.000 negocios de postventa que actúan al margen de las reglas del mercado. Eso sin atender a los criterios técnicos de calidad de Industria y Consumo y sin cumplir las obligaciones con el Fisco, la Seguridad Social ni la normativa medioambiental.
Asimismo, dado que los empleados carecen de contrato de trabajo legal y, por tanto, no cotizan, estos centros clandestinos también incurren en un fraude laboral, generando a la Seguridad Social unas pérdidas cercanas a los 112,5 millones de euros anuales, teniendo en cuenta que cada taller ilegal tiene una media de 1,5 empleados.
