El principal inversor de la bodeguera castellano-manchega ha denunciado a Aragón y Cutillas por un supuesto delito societario y falsificación documental. La lucha de poderes en Bodegas Martúe podría terminar por sentar a Emilio Aragón en el banquillo de los acusados. Este podría ser el resultado de la querella que el mayor accionista de la vitivinícola ha presentado contra el conocido empresario por haber forzado un abrupto cambio en su cúpula directiva con la ayuda de otros consejeros.
En su escrito, el inversor Fausto González, presidente y consejero delegado de las marcas Viñedos de Nieva y Seis Quintas Martúe, acusa a Aragón y otros cuatro de sus compañeros en el consejo de administración de la bodeguera de delito societario y falsificación documental para relevarle de sus puestos. Entre los acusados, destaca otro nombre ilustre de las finanzas: Carlos Cutillas, fundador y socio de Inmobiliaria Chamartín y consejero de la Mutua.
El denunciante expone ante el juzgado de Instrucción de la localidad toledana de Ocaña la supuesta “consumación de irregularidades esenciales en la convocatoria de celebración del consejo, por un grupo de consejeros, liderados por Aragón y Cutillas, el pasado 21 de julio”, según recoge Europa Press. Denuncia además que el objetivo no era otro que destituirle de su cargo y la “actitud violenta” de sus compañeros de consejo al haber forzado la cerradura de la bodega con el objetivo de celebrar la “reunión ilegal” a sus “espaldas”.
Para sostener su argumentación, González destaca que “existen pruebas documentales notariales que demuestran […] el supuesto firme propósito de asegurarse la no asistencia de otros consejeros” y, a la postre, conseguir “asegurarse [el resultado] de la votación”, explica la parte denunciante en una nota al respecto de sus movimientos judiciales.
Anteriormente, en la junta de accionistas celebrada el pasado 11 de agosto se aprobó el cese del consejo de administración de la vitivinícola y su sustitución por Fausto González como administrador único. Una propuesta que había sido redactada por el propio consejero delegado y que obtuvo el apoyo de un 54% del capital de la compañía.
