El juez acordó ampliar al Sabadell la responsabilidad civil subsidiaria por las cuotas participativas de la CAM, que hasta ahora afrontaba en solitario la fundación. Acusaciones particulares y la popular personadas en la causa en la que se investigan las cuotas participativas emitidas por la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) han pedido al instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, el embargo preventivo o la imposición de una fianza de 24,5 millones de euros al Banco Sabadell para que pudiera hacer frente a las responsabilidades civiles en que pudiera incurrir de ser condenado en esta causa.
Según recoge la agencia Europa Press, que cita el escrito, es necesario asegurar la garantía suficiente “dada la crisis económica, la de Europa, y añadidas las pretensiones políticas de la comunidad catalana en pedir la independencia, que afectaría en breve al patrimonio del Banco Sabadell, y con ello a las víctimas, pues dicha entidad tiene su domicilio social en Barcelona”.
La petición es consecuencia de la decisión adoptada el pasado 13 de junio por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, que acordó ampliar al Banco Sabadell la responsabilidad civil subsidiaria por las cuotas participativas que comercializó la CAM, que hasta ahora afrontaba en solitario la Fundación CAM, heredera de la caja alicantina.
Se solicita además esta parte que el embargo preventivo se realice sobre el depósito constituido por el Sabadell ante el Banco de España para poder operar como entidad financiera en España “y en caso contrario sobre los títulos que cotizan en las bolsas norteamericanas, de Wall Street y las bolsas del Estado de Florida”, así como en las bolsas españolas.
Para ello, los afectados solicitan al juez Gómez Bermúdez que envíe los correspondientes oficios al responsable de las bolsas norteamericanas y a las de Barcelona, Madrid y Valencia, así como al responsable del mercado secundario español “para que embarguen títulos, acciones y demás productos financieros que coticen a favor del Banco Sabadell salvo que aporten fianzas económicas” en la cuenta del Juzgado.
Todo ello, según señala esta parte, “ante el vacío patrimonial que tiene actualmente la extinta CAM y los posibles riesgos tan altos que tienen las entidades que han absorbido otras que habían sido nacionalizadas, como el Banco Sabadell”. Los afectados recuerdan las ayudas recibidas por la CAM y el esquema de protección de activos (EPA) que le otorgó el Estado al Sabadell para defender que el banco “no puede obtener todos los beneficios del Estado español y después no obligarse o responsabilizarse de las obligaciones que tenía que haber adquirido” y que “una voluntad política de independizarse, eximirse de dichas posibilidades”.
La CAM fue intervenida en junio de 2011 por el Banco de España, para ser posteriormente adjudicada al Sabadell en diciembre de ese mismo año por el precio simbólico de un euro. El Fondo de Garantía de Depósitos inyectó 5.249 millones de euros en la entidad que se sumaron a los cerca de 2.800 que aportó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El 23 de julio de 2008 la CAM sacó al mercado sus cuotas participativas. En total, colocó 50 millones de títulos a un precio de 5,84 euros. Lehman Brothers, que quebró sólo dos meses después, fue el banco colocador de la emisión. Un 65,5% de las cuotas (32,7 millones) se colocaron entre minoritarios, que tenían que realizar una inversión mínima de 3.000 euros. Teniendo en cuenta estas cifras, algo más de 60.000 minoristas, la mayoría clientes de la CAM, se hicieron con estos títulos. Tras el rescate de la entidad, perdieron todo su dinero.
