La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias repartió 1,1 millón de euros a finales de 2017 entre directores y gerentes, subdirectores y administradores de los 84 centros penitenciarios. Hace unas semanas, la Audiencia Nacional determinó que se hizo de manera irregular.
Se cumple un año desde que Comisiones Obreras denunció el reparto “irregular y discriminatorio” del remanente de productividad de 2017. Según argumentó el sindicato, directores y gerentes, subdirectores y administradores, fueron favorecidos con un plus de productividad adicional de 1800 euros, para los primeros, y 2.184 euros, en el caso de los segundos.
La Sección Quinta de la Audiencia Nacional confirmó hace varios días que el gestor anterior de la Administración Penitenciaria, Ángel Yuste, “repartió de forma arbitraria e irregular fondos públicos hacia su personal directivo en los Servicios Periféricos, así como en los Servicios Centrales de Instituciones Penitenciarias”, explica CCOO.
Esta sentencia en apelación confirma que el reparto de productividad se ha llevado a cabo sin respetar el procedimiento legalmente establecido, que exige una negociación previa con las organizaciones sindicales.
El reparto que llevó a cabo la administración dirigida en última instancia por Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior, coincidió en el tiempo con el pistoletazo de salida de las movilizaciones de los funcionarios de prisiones, que llevan meses reclamando una equiparación salarial entre las comunidades.
Un director de prisiones que trabaja en Cataluña cobra 21.784 euros más al año que otro que desempeña el mismo trabajo en otra institución penitenciaria de España: frente a los 72.839 euros del primero, el segundo percibe 51.080.
Esa es la distancia salarial que hay entre los funcionarios autonómicos y los que trabajan para el Estado, según un informe que presentó CSIF hace poco más de un año. El sindicato calcula que, de media, los empleados públicos del Estado cobran un 25% menos que los autonómicos. Para conseguir la equiparación, el Gobierno debería destinar cerca de 120 millones de euros más al año. Algo que de momento no tiene visos de ocurrir.
Continuismo en Interior
Desde CCOO denuncian “la falta de negociación que sigue manteniendo el Ministerio del Interior y los responsables de la Administración Penitenciaria del PSOE, que conservan una política penitenciaria continuista del Partido Popular y dejan abandonado a su suerte un servicio público esencial, faltan al respeto del personal penitenciario, sin dignificar sus condiciones laborales y retributivas, cuando son la columna vertebral del sistema de ejecución de condenas”.
De hecho, según el sindicato, el actual secretario general de IIPP, Ángel Luis Ortiz, “ha vuelto a repartir más de 3 millones de euros en concepto de productividad, sin negociar previamente con las organizaciones sindicales, manejando fondos públicos como si fueran propios, regalando sobresueldos por ésta vía clientelar y opaca”.
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