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Yolanda Díaz ha sido contundente: el dumping fiscal que practican algunas comunidades autónomas, especialmente la Comunidad de Madrid, está provocando graves distorsiones en el sistema económico del país. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha advertido que esta competencia desleal entre territorios pone en riesgo el principio de solidaridad interterritorial recogido en la Constitución.
“Lo primero que hay que hacer es acabar con el dumping fiscal, se tiene que acabar”, ha afirmado Díaz en una entrevista con la Cadena Ser. Según la líder de Sumar, las ventajas fiscales de Madrid suponen una atracción artificial de riqueza en detrimento de otras regiones.
Díaz ha centrado su crítica en la política fiscal del Gobierno regional madrileño, al que acusa de usar los impuestos como herramienta de competencia desleal. Mientras otras comunidades cargan con más presión fiscal para sostener servicios públicos, Madrid ha convertido su modelo en un “agujero” fiscal que desequilibra el conjunto del Estado.
“El modelo de financiación debe abordar esta anomalía si queremos hablar de equidad”, ha sostenido la ministra
Desde Sumar, se propone una reforma profunda que impida este tipo de prácticas y que imponga límites a la competencia fiscal entre comunidades autónomas.
Una financiación justa y solidaria para todos los territorios
La dirigente gallega ha recordado que el actual sistema de financiación autonómica está “profundamente caducado” desde 2014, lo que ha provocado que comunidades como la Valenciana sufran una infrafinanciación estructural.
“La Comunidad Valenciana es la peor financiada de España”, ha asegurado, exigiendo una revisión del reparto de fondos que garantice una prestación equitativa de los servicios públicos en todo el territorio
Aunque ha considerado “prudente” el documento firmado entre el Gobierno y la Generalitat para una financiación singular de Cataluña, Díaz ha recalcado que cualquier reforma debe respetar los principios de equidad y solidaridad.
Díaz ha admitido que respetar las “singularidades” de comunidades como Cataluña es posible dentro de un marco común, siempre que no se impongan privilegios. Para la vicepresidenta, el futuro sistema debe garantizar que todas las comunidades puedan sostener sus servicios públicos sin depender de ventajas fiscales injustificadas.
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