Tribunal Supremo
“Teniendo en cuenta las circunstancias de alarma social, la extrema gravedad y urgencia para la pervivencia de nuestro ordenamiento jurídico de los hechos denunciados y sus consecuencias jurídicas y políticas para el Estado social y democrático de Derecho surgido de la Constitución de 1978”, afirma Vox en su querella, solicita la medida cautelar de inmediata suspensión de la investidura del candidato.
El partido de ultraderecha también acusa a Sánchez de ser un presidente del Gobierno en funciones y secretario general de un partido político que “acepta, a cambio del voto a favor en su investidura de un determinado partido político, realizar por sí, y/o a través de su partido político, y/o del gobierno una vez investido con el voto de ese partido, una serie de actos que atentan directa y definitivamente con la máxima gravedad la cláusula del Estado de Derecho (art. 2 Tratado de la Unión Europea) y los valores superiores de nuestro ordenamiento Jurídico consagrados en el artículo 1 de la Constitución de 1978”.
A continuación, Vox detalla en una nota cuáles son esos ataques al Estado de Derecho y la Constitución por parte del presidente del Gobierno. En concreto, apunta al “fin de la separación de poderes y usurpación de la función constitucional de Jueces y Tribunales de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”.
A esto hay que sumar ley de amnistía, que tilda de “inconstitucional” y “que discute por entero la legitimidad de nuestro orden jurídico, del ordenamiento penal y administrativo y del Poder Judicial”. También, “finiquitar la igualdad ante la ley de los españoles y la prohibición constitucional de la discriminación por razón de la condición ideológica o partidista”.
Vox considera que Pedro Sánchez “está cometiendo un delito de cohecho, de forma flagrante y pública y merece el inmediato reproche penal del Poder Judicial a través del órgano judicial competente, que es el Supremo”, al que acude para presentar la querella.
En este sentido, la querella explica que el delito de cohecho se ha realizado por diversos actos, entre ellos, “negociaciones prohibidas a autoridades como un presidente del gobierno en funciones, con abuso de sus facultades”. Además, asegura que con ese cohecho, “se colabora con el terrorismo, se encubre a delincuentes y se pretende usurpar funciones judiciales”.
Por los mismos motivos, solicita al Supremo adoptar las medidas oportunas a fin de “evitar con carácter cautelar la completa ejecución de los delitos objeto de la querella”, suspendiendo el acto de investidura. “No son admisibles espacios de impunidad, ni siquiera con amparo en una exigua mayoría parlamentaria que no puede legítima ni legalmente hacer legal lo ilegal, hacer impune lo delictivo”, señala.
Por otro lado, Vox también incluye en la querella al expresidente catalán Carles Puigdemont y argumenta que “la mayoría parlamentaria no convierte en legal lo delictivo igual que no convierte la mentira en verdad o el mal en bien”.
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