Vox no quiere repetir en la Asamblea de Madrid la imagen dada por los partidos de izquierda en el Congreso de los Diputados, por eso ha decidido rebajar sus pretensiones al mínimo con tal de seducir a los otros dos partidos de la derecha.
Después del nuevo documento presentado este jueves por la líder regional de Vox, Rocío Monasterio, la probabilidad de que su partido no sume sus votos a Partido Popular y Ciudadanos en la investidura de Isabel Díaz Ayuso se antoja remota.
La formación presidida por Santiago Abascal ha renuncia a la derogación de las leyes LGTBI y a trasladar a los países de origen la factura sanitaria por atender a inmigrantes en situación irregular.
Además, Vox concede a Ciudadanos la posibilidad de evitar la firma de las tres formaciones en el documento. “Si lo hacen verbalmente es perfectamente válido, así se hizo en Murcia y el Gobierno está en marcha”, ha asegurado Monasterio.
El documento
El partido liderado por Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid asegura que facilitará la investidura de la señora Isabel Díaz Ayuso bajo la premisa de que la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid y sus socios de gobierno, acepten introducir los puntos enumerados en el documento.
“Se eliminarán o reducirán al máximo todos los impuestos existentes en la Comunidad de Madrid, con respeto a los objetivos de estabilidad presupuestaria, al no incremento de la deuda y a la eficiencia del gasto público.
Se realizará una auditoría de las subvenciones otorgadas en la última legislatura, con determinación de su importe, destinatario, fines y acceso a la memoria de ejecución elaborada por el receptor de la subvención; con el fin de garantizar que los fondos públicos no van destinados a entidades de carácter ideológico.
Se modificará la Consejería de Asuntos Sociales y Familia y pasará a ser la Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Natalidad para revertir el invierno demográfico e incentivar y apoyar la maternidad.
Se garantizará el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones, tal y como está contemplado en el artículo 27.3 de la Constitución. Para ello, se introducirán mecanismos que garanticen la no injerencia de los poderes públicos en la educación de nuestros hijos.
Se colaborará con la Administración General del Estado para asegurar una inmigración ordenada, legal y respetuosa con nuestra cultura occidental y vinculada al mercado de trabajo. En concreto, se garantizará que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado tengan acceso directo, de acuerdo siempre con la Ley de Protección de Datos, a la información de que dispone la Administración Regional sobre los extranjeros en situación irregular”.
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