Vox
La formación sostiene que existen indicios suficientes para exigir responsabilidades penales a la antigua y actual cúpula del gestor ferroviario por su actuación previa al siniestro.
Vox sostiene que la gravedad del accidente obliga a depurar responsabilidades penales por la gestión y el estado de la red ferroviaria
Además del presunto homicidio imprudente, Vox atribuye a los querellados otros delitos relacionados con los derechos de los trabajadores, por una infracción muy grave del deber de cuidado, así como prevaricación por omisión, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales, en su vertiente de intervención fraudulenta en contrataciones públicas o en liquidaciones de haberes.
La querella detalla un amplio abanico de ilícitos que, a juicio de Vox, deben ser investigados judicialmente:
| Delito imputado | Ámbito de la acusación |
|---|---|
| Homicidio imprudente o imprudencia grave | Fallecimientos derivados del accidente ferroviario |
| Delitos contra los derechos de los trabajadores | Incumplimiento del deber de cuidado |
| Prevaricación por omisión | Falta de actuación ante riesgos conocidos |
| Malversación de caudales públicos | Uso indebido de fondos públicos |
| Tráfico de influencias | Toma de decisiones con beneficio indebido |
| Fraude y exacciones ilegales | Contrataciones y liquidaciones presuntamente irregulares |
La querella incluye delitos graves vinculados a la gestión pública, la seguridad ferroviaria y el uso de fondos públicos
Para Vox, los hechos son “extremadamente graves” y revelan una grave negligencia en el mantenimiento y cuidado de las vías ferroviarias, con independencia de las causas técnicas concretas que finalmente determine la investigación. La formación subraya que la pérdida de vidas humanas y las lesiones sufridas por los pasajeros obligan a analizar “de forma exhaustiva” la situación previa del estado de la red ferroviaria en todo el trayecto afectado.
En el escrito presentado ante el juzgado, Vox solicita que se investiguen la adjudicación y ejecución de los contratos públicos relacionados con la infraestructura ferroviaria del tramo donde se produjo el siniestro, así como las personas que intervinieron y se beneficiaron de dichas contrataciones, además del cumplimiento de los procedimientos de seguridad y salud.
El partido considera que ya es posible determinar quiénes deben responder penalmente, al margen de que el análisis técnico de las causas del accidente quede pendiente de la instrucción judicial.
Vox afirma que existían avisos previos sobre incidencias en la vía y que no fueron atendidos adecuadamente
Según la formación, es “innegable” que durante los últimos meses e incluso años se produjeron avisos reiterados sobre incidencias y averías en el tramo del accidente, trasladados por maquinistas, el sindicato Semaf, InfoAdif y numerosos usuarios del servicio ferroviario.
Vox ha solicitado al tribunal la declaración de los querellados y también la comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, del exministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión por el denominado caso Koldo, y del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero, entre otros responsables que puedan tener relación con la toma de decisiones investigadas.
La formación concluye que el resultado objetivo del siniestro —fallecidos, heridos y daños materiales— justifica la apertura de una investigación judicial para depurar responsabilidades penales derivadas del deber de cuidado inherente a los cargos de los responsables de Adif.
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