VOX
Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, ve preferible que los andaluces tengan que acudir de nuevo a las urnas que verse “defraudados” por unas expectativas de cambio falsas.
En una entrevista en la COPE, el dirigente de la formación de ultraderecha mantiene su decisión de no apoyar un gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía si no se atienden sus exigencias. “Lo que no aceptarían nuestros votantes, y ni siquiera los de PP y Cs, es que sacáramos adelante una investidura que fuese una auténtico fraude a la expectativa de cambio real en Andalucía. Que solo hubiera un cambio de caras y sillones y que se mantuvieran las políticas que han hecho tanto daño a la libertad, a la economía y al estado de Derecho de los andaluces», ha dicho.
Ortega Smith cree que ambas formaciones no pueden pedir su firma para un programa en el que no han colaborado. «No se nos ha escuchado e incluso algunos nos han insultado con todo tipo de adjetivos y nos quieren imponer un cordón sanitario. Esto va a depender de la generosidad de PP y Ciudadanos para cambiar algo más que una coma. Rivera ha dicho que no lo va a hacer y esa actitud impositiva no la aceptaría nadie. Se nos debe un mínimo de respeto”, ha dicho. El secretario general de Vox es consciente de que con doce escaños no pueden exigir la aplicación de todas sus medidas, «pero que de ahí a que directamente no se nos llame a una negociación me parece inaceptable».
“No podemos dar un cheque en blanco a quien va a ser presidente de la Junta y luego se nos eche en cara un acuerdo que ni siquiera hemos firmado. Para que haya gobierrno, que escuchen a 400.000 andaluces (los votantes de Vox)”, ha dicho. “Pretenden un auténtico trágala y eso no lo aceptaría nadie”, insiste.
Sobre las leyes de violencia de género que Vox quiere derogar, Ortega Smith ve necesaria reformarla siguiendo cuatro puntos básicos: «Tienen que ser leyes que amparen a todas las víctimas, debe ser constitucional (no lo es que no se trate por igual a hombres y mujeres), respetar el principio de la presunción de inocencia y cortar todo el negocio que existe en torno a esa ley: asociaciones clientelares y los lobbys de PSOE y Podemos. Debe haber un corte o una supresión de todas las subvenciones que no vayan directamente a las víctimas».
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