La defensa de las víctimas de la matanza de Atocha ha impugnado ante la Audiencia Provincial de Ciufdad Real la liquidación provisional de condena impuesta a Carlos García Juliá -uno de los implicados en la matanza de los abogados de Atocha en 1977 y recientemente extraditado desde Brasil – que le permitía salir en libertad provisional el próximo 10 de noviembre. Además, esa misma asociación ha solicitado a la Audiencia Nacional la nulidad de todas las actuaciones relacionadas con el condenado desde su entrega a nuestro país.
Cuando ingresó en Soto del Real el 7 de febrero pasado, al terrorista le quedaban por cumplir 3.845 días, esto es, diez años de condena, concretamente hasta agosto de 2030. Entre otras cosas, el tribunal de Ciudad Real, que fue el último que le condenó por un asunto diferente al de Atocha, le ha aplicado 787 días de liquidación por redención extraordinaria y 429 días por la estancia en prisión en Brasil tras ser arrestado en diciembre de 2018.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que las diferentes actuaciones por parte de la defensa de las víctimas, la Fundación Abogados de Atocha, ante las decisiones de la Audiencia Provincial de Ciudad Real se han retrasado debido al estado de alarma, que se decreto el 14 de marzo y que finalizó el pasado 21 de junio.
AUSENCIA DE CONEXIDAD
Ahora, con la ‘nueva normalidad’, las víctimas han recurrido ante la Audiencia Nacional pidiendo la nulidad de todas las actuaciones dictadas por este órgano desde la extradición del terrorista de ultraderecha, y apuntan que no puede haber conexidad entre los delitos de la calle Atocha con los que se le imputan por otro incidente en Ciudad Real, por lo que la liquidación no sería válida.
Asimismo, la defensa lamenta que la liquidación de condena de García Juliá se realizara sin tener en cuenta a las víctimas, y esto ha motivado que lo impugnen. Fue el pasado mes de mayo cuando la Audiencia Provincial de Ciudad Real propuso que Carlos García Juliá, recientemente extraditado a España desde Brasil, saliera en libertad provisional el próximo 19 de noviembre.
García Juliá, preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, fue entregado a España por las autoridades brasileñas a principios de febrero después de que estuviera más de 20 años en búsqueda y captura. Tras ser condenado por la matanza de Atocha a 193 años y cumplir varios años de cárcel, se fugó cuando disfrutaba de un permiso a principios de los noventa.
El abogado del terrorista se dirigió a la Audiencia Provincial de Ciudad Real solicitando la práctica de una nueva liquidación de condena por ser el último tribunal que emitió una sentencia en su contra, en este caso por una causa distinta a la de la matanza de Atocha.
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