El colapso de la AP-6 el día de Reyes puso en el disparadero la gestión privada de las empresas concesionarias de las autopistas en España. En este caso, los focos alumbraron la historia de una carretera cuya explotación está en manos privadas (Iberpistas) desde 1968. Sucesivas prórrogas en los contratos hace que el asfalto que une Villalba y Adanero siga siendo de explotación privada hasta, mínimo, 2025.
Sin embargo, lo que sucede en la AP-6 no es una excepción. La irrupción de las autopistas a finales de los 60 y comienzos de los años 70 en España guarda mucha relación con esta modalidad de concesión que permanece inmutable a la vista del ser humano.
En las postrimerías de la dictadura (1968-1974), el régimen franquista construyó más de mil kilómetros de autopistas a través de concesiones privadas para su construcción, mantenimiento y explotación. Concesiones que, décadas después, siguen estando en las mismas manos privadas.
Una de ellas es la AP-4, la conocida como Autopista del Sur que une Sevilla con la provincia de Cádiz. Esta autopista fue concedida a Bética de Autopistas en 1968, que más tarde se fusionó con Aumar, empresa integrante de la compañía Abertis. La concesión de esta autopista de peaje finaliza en diciembre de 2019. El Ministerio de Fomento asegura que no prorrogará el contrato.
Todas las autopistas cuya concesión fue otorgada durante el franquismo han visto cómo los Gobiernos, principalmente el de José María Aznar, han dado prórroga a los contratos. Sin ir más lejos, la AP-1, la autopista que enlaza Burgos con el País Vasco, acumula más de cuatro prórrogas en el contrato de concesión.
La explotación del tramo de la AP-1, privatizada desde 1974, a pesar de que su apertura fue en 1984, está en manos de Europistas, del grupo Itínere, que a su vez nació dentro de Sacyr Vallehermoso. Esta concesión finaliza en noviembre de este año.
En manos del grupo Itínere está también la AP-9, la autopista del Atlántico que une Ferrol y Vigo. En su momento (1973) fue concedida a C.E.S.A, que actualmente forma parte del paraguas que abarca Sacyr Vallermoso. La concesión de esta autopista por tanto lleva en las mismas manos 45 años, y no pasará a propiedad pública hasta, mínimo, 2048.
El decreto franquista que otorgó esta concesión aseguraba que “su duración no podrá en ningún caso ser superior a 45 años”.
Las que sí que se prevén que vayan a dejar de ser de explotación privada son algunos tramos de la AP-7 y la AP-2.
Ambas están en manos de Acesa, empresa concesionaria que es filial de Abertis. La primera de ellas, que recorre el Mediterráneo desde La Jorquera hasta Andalucía, es privada desde 1971, mientras que la segunda, que une Zaragoza con Cataluña, lo es desde 1973. Tanto algunos tramos de la AP-7 como la AP-2 tienen previsto liquidar su concesión en los próximos tres años.
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