Vacuna contra el covid: los contratos se mantienen en secreto pese a su financiación pública

Las vacunas contra el covid-19 se han convertido en la gran esperanza de la sociedad para dejar atrás una pandemia que ha provocado una crisis sanitaria y económica sin precedentes en todo el mundo. Así, aspectos como la eficacia, las dosis que serán necesarias o la temperatura a la que deben mantenerse han entrado en el debate público, pero hay un punto sobre el que se conoce muy poco: los términos de los contratos que la Unión Europea ha firmado con grupos farmacéuticos como AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sanofi-GlaxoSmithKline y CureVac.

Los contratos de adquisición de medicamentos son siempre confidenciales y las empresas rara vez revelan información comercial, señala Financial Times. Sin embargo, dados los niveles sin precedentes de inversión pública en el desarrollo de las vacunas Covid-19, grupos de la sociedad civil y algunos políticos han argumentado que se debería haber hecho una excepción y hacer pública más información.

“Es una cultura de falta de transparencia”, critica Jamie Love, al frente de la ONG Knowledge Ecology International (KEI), en declaraciones al diario británico. “Es particularmente frustrante con el covid por el masivo interés público y la cantidad de dinero involucrado”. “Una vez que [el secreto] se descubre, lo que se ve es una privatización masiva de miles de millones de dólares de fondos gubernamentales”, añade.

Muy poca información ha sido publicada oficialmente por las propias empresas o los países compradores. Fuentes informadas sobre las conversaciones entre los fabricantes y la Comisión Europea señalan a este medio que AstraZeneca vendió su inyección a unos 3 o 4 dólares por dosis, mientras que la inyección de Johnson & Johnson y la vacuna desarrollada conjuntamente por Sanofi y GSK se cotizaron a unos 10 dólares por dosis.

AstraZeneca, que ha prometido no sacar provecho de su vacuna mientras dure la pandemia, tiene, en al menos un acuerdo, el derecho contractual de declarar el fin de la pandemia ya en julio de 2021. Moderna dijo que buscaría un precio máximo de 37 dólares por dosis después de que Financial Times informara que estaba lanzando su vacuna a 50 o 60 dólares por el curso de dos dosis.

Ninguna organización ha publicado un acuerdo contractual completo, y las cuentas detalladas de las negociaciones son pocas.

“Queremos asegurarnos de que ofrecen calidad”, señala a FT un alto funcionario europeo con conocimiento de las negociaciones. “Quieren dinero, y quieren minimizar su riesgo”. Este funcionario explica que los contratos de la UE con las estadounidenses Moderna y Novavax todavía se estaban negociando. Es más común que las empresas estadounidenses recurran a bufetes de abogados externos para negociar puntos más difíciles, en particular en lo que respecta a la responsabilidad, lo que hace que sea más complicadotratar con ellos.

“El problema son los abogados, los abogados”, critica el funcionario. “Y no tienen ni idea cuando entran. Los abogados de la comisión se ocupan de ellos y yo sólo los oigo sufrir”.

En septiembre, en el Parlamento Europeo, Sandra Gallina, la burócrata italiana encargada de comprar las vacunas contra el coronavirus para la UE, aseguró que se había mantenido firme contra la presión de las empresas farmacéuticas para renunciar a su responsabilidad habitual dado el acelerado calendario de investigación y desarrollo. “La directiva de responsabilidad por productos no ha sido tocada”, aseguró. “No estaríamos tan locos como para cambiar ese sistema”.

Pero las preocupaciones sobre la responsabilidad corporativa han seguido siendo puntos de discusión y han retrasado el anuncio este mes de un contrato de 300 millones de dosis entre la UE y Pfizer-BioNTech, apuntan personas familiarizadas con el asunto. El acuerdo debería haber sido anunciado el 9 de noviembre cuando se dieron a conocer los resultados positivos de las pruebas de la vacuna, pero se retrasó tres días hasta que se resolvieran esas cuestiones.

La presión por una mayor transparencia sí ha dado algunos resultados. Stella Kyriakides, comisaria de salud y seguridad alimentaria de la UE, dijo este mes que la Comisión estaba considerando poner la información sobre los contratos a disposición de los diputados seleccionados “con arreglos específicos” una vez que las negociaciones hayan terminado. Kyriakides “reconoció plenamente” la importancia de la transparencia, pero matizó que Bruselas no podía divulgar unilateralmente los contratos, algo que también podría debilitar su posición negociadora.

Yannis Natsis, asesor político de la Alianza Europea de Salud Pública y miembro de la junta directiva de la Agencia Europea de Medicamentos, ha acogido con satisfacción la medida pero avisa de que “el diablo está en los detalles”. “Debería ser un paso hacia una transparencia significativa y no un ejercicio de boxeo”, reflexiona. “Esto dependerá de cuánta y qué tipo de información se redacte”.

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