Urbas ha defendido que la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, de continuar con el procedimiento que investiga la ampliación de capital de 384 millones de euros lanzada en 2015, no interfiere con el desarrollo de su plan de negocio, con sus actividades, ni con su cotización.
En una carta firmada por el presidente de la sociedad, Juan Antonio Acedo Fernández, y remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Urbas señala que las informaciones publicadas este miércoles son «inexactas e imprecisas» y que la resolución del juez fue filtrada antes de que llegase incluso a la propia compañía.
Urbas destaca que el auto en cuestión no es una resolución firme, sino tan solo «un paso más en la tramitación de un procedimiento que se inició en el año 2016 y un hecho previsible y descontado por la compañía».
Para argumentar esta afirmación, la empresa recurre a una cita incluida en el texto del juez que dice que «lo que se acuerda es que el procedimiento continúe, pero obviamente sin que afecte a lo que resulte definitivamente en el acto del juicio oral (*)».
En este sentido, fuentes jurídicas explican que la causa es similar a la de recientes procedimientos judiciales, como el caso Bankia, en el que la intervención del organismo supervisor del mercado ha servido para la exoneración de responsabilidad de la compañía y del resto de investigados.
El presidente aprovecha la misiva para defender que tanto las entidades tasadoras como el experto independiente y los profesionales externos han ratificado, en el desarrollo del procedimiento judicial, el proceso seguido para la ampliación de capital y las valoraciones empleadas en la operación.
Además, apunta que las valoraciones de los activos aportados en la ampliación de capital fueron ratificadas, una vez iniciado el procedimiento de instrucción y a solicitud de la CNMV, con nuevas tasaciones «para una parte significativa de los mismos realizadas por entidades tasadoras distintas de las utilizadas inicialmente».
De hecho, recuerda que el resultado de estas nuevas tasaciones fue una valoración de los activos aportados en la ampliación de capital de 528 millones de euros, es decir, 19 millones de euros superior a la valoración de esos mismos activos, lo que fue requerido por la CNMV y sirvió para que ésta acordase, el 28 de diciembre de 2017, el levantamiento de la suspensión de cotización que había decretado el 13 de septiembre del mismo año.
Asimismo, la promotora continúa tasando anualmente los activos aportados en la ampliación de capital, resultando de dichas tasaciones valores iguales o superiores de los aportados en la ampliación de capital.
Pese a todo, la compañía asegura mostrar «su total respeto al sistema judicial, a las decisiones del Juzgado y al Ministerio Fiscal, con el convencimiento de que podrá demostrar la regularidad de la operación de ampliación de capital ejecutada en las próximas etapas del procedimiento judicial» y que evitará que cualquier decisión vaya en perjuicio de sus accionistas minoritarios.
«Considerando todo lo expuesto, la compañía desea reiterar el mismo mensaje de tranquilidad y confianza a sus inversores y al mercado en general, a pesar de las imprecisas informaciones que puedan recibir», concluye Acedo Fernández.
Tras dispararse el martes un 5% en Bolsa, a las 15.00 horas de este miércoles, sus títulos registraban una caída del 7%, hasta los 0,176 euros por acción.
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