Según precisa EAPN-ES, el umbral de renta para considerar que un hogar estaba en pobreza severa en 2021 era de 6.357 euros por unidad de consumo al año, es decir, que cada persona debe sobrevivir con menos de 278 euros mensuales para el caso de una familia con dos adultos y dos menores, y con menos de 530 euros mensuales si vive sola.
En cuanto al perfil de las personas en pobreza severa, el informe señala que es «muy diferente al descrito mediante estereotipos y prejuicios del imaginario colectivo». En su mayoría, son personas españolas (68,3%), con un nivel educativo medio (53,6%) o alto (19,5%), con trabajo (14,3 %) y con vivienda propia (45,9%).
Además, el estudio pone de relieve que, en España, tener hijos es un importante factor de riesgo de pobreza y exclusión social; e indica que resulta «especialmente preocupante» la situación de los hogares monoparentales pues el 26,2% se encuentra en situación de pobreza severa.
Algo superior es el dato de familias numerosas ya que el 27,2% de las personas que viven en hogares con tres o más niños, niñas o adolescentes, están en pobreza severa, cifra que casi multiplica por tres los datos registrados en el resto de los hogares.
Respecto a la incidencia por sexo y edad, el estudio muestra que la pobreza severa es «un asunto de jóvenes» y es más elevada entre niños, niñas y adolescentes, y adultos con menor edad. Así, el 15,1% de las personas menores de 16 años están en situación de pobreza severa.
Por otra parte, el informe revela que más de 1,2 millones de personas en España tienen empleo y, al mismo tiempo, están en pobreza severa.
Por comunidades autónomas, destacan las altas cifras de pobreza severa en Canarias, Andalucía y Extremadura, con porcentajes que oscilan entre el 12,5% y el 16,8% del total de su población. Por el contrario, las cifras más bajas se registran en País Vasco, Navarra y Cantabria, con valores entre el 4% y el 6%.
EAPN-ES considera que la crisis sanitaria «fue para toda la sociedad en su conjunto, pero con efectos de extraordinaria intensidad entre los grupos más pobres y vulnerables». Si bien, la entidad señala también que «no todo es culpa de la COVID-19», ya que la incidencia de la pobreza severa «no ha cesado de aumentar desde 2018».
En este sentido, pide que se mantengan las medidas implementadas durante los últimos años para afrontar las diferentes crisis y que se aumenten los recursos y el alcance de las medidas, especialmente en materia de igualdad de género, justicia fiscal, educación inclusiva, empleo decente, garantía de ingresos, vivienda accesible y pensiones dignas.
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