Aula de la Universidad Complutense.
Bajo el lema “Salvemos la educación pública”, miles de docentes, estudiantes y personal universitario están llamados a participar en una manifestación que partirá de Atocha a las 18 horas con destino a la Puerta del Sol. Durante la jornada, los convocantes organizarán piquetes informativos para visibilizar la lucha universitaria y dar a conocer el contenido del polémico borrador de la ley.
Según las plataformas universitarias organizadoras, la movilización responde a dos grandes motivos: la asfixia económica que padecen las universidades públicas madrileñas y el «ataque frontal» que representa el anteproyecto legislativo promovido por la Comunidad de Madrid, redactado —denuncian— con total opacidad.
Los convocantes alertan de una “redefinición y cierre de grados” según criterios de mercado, así como de una “intervención política y policial” en la vida universitaria
Uno de los aspectos más criticados del borrador de la LESUC es el modelo de financiación externa y por objetivos, que limita la aportación autonómica al 70% del gasto universitario. Las universidades deberán obtener el resto mediante fondos de inversión u otros mecanismos financieros, lo que, en opinión de los docentes, incrementa la dependencia del capital privado y promueve la competición entre instituciones.
Aunque esta fórmula de financiación por objetivos está recogida en la LOSU, las plataformas señalan que en la futura ley madrileña sustituye la financiación estructural básica, forzando a las universidades a funcionar como empresas en busca de rentabilidad.
El borrador también propone una reestructuración del sistema universitario mediante la creación de un macrodistrito de universidades y formación profesional, difuminando la distinción entre centros públicos y privados, así como entre FP y universidad.
Además, se amplía el poder de los Consejos Sociales universitarios, dominados por el sector privado, a quienes se les otorga el control de la ejecución presupuestaria. Se introduce también la figura de un Interventor nombrado por el Gobierno regional, lo que —afirman— pone en jaque la autonomía universitaria.
El borrador otorga un peso decisivo al sector empresarial en los órganos universitarios, incluso en la definición de las titulaciones
Las redes docentes alertan del favorecimiento a universidades privadas, ya que el borrador no establece requisitos académicos mínimos para su creación ni para la adscripción de centros privados a universidades públicas, facilitando así su crecimiento amparadas en el prestigio y recursos del sistema público.
Estas facilidades, denuncian, vacían de contenido la universidad como servicio público, al tiempo que se erosionan los valores de justicia social, neutralidad y libertad académica.
La huelga del 28 de abril ha sido comunicada a la Comunidad de Madrid y a los rectorados, y los colectivos convocantes apelan a la unidad de toda la comunidad universitaria, al margen de siglas y filiaciones, frente a lo que consideran un “ataque común”. Desde su perspectiva, solo una respuesta colectiva podrá frenar esta transformación del modelo universitario.
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