Consejo General Poder Judicial
La Unión Progresista de Fiscales ha censurado este jueves que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vaya a iniciar el proceso para examinar candidatos a presidir las salas de lo Contencioso, lo Social y lo Militar del Tribunal Supremo y ha reclamado a sus miembros que limiten su gestión al despacho ordinario de asuntos públicos ante la paralización de la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
En un comunicado, la UPF ha instado a los miembros del CGPJ a actuar de manera similar a como lo haría un Gobierno en funciones y limite su labor al despacho ordinario de asuntos «salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique».
Una reclamación que realiza cuando está previsto que la próxima semana la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces se reúna para discutir si procede a la elección de los presidentes de las Salas Tercera (Contencioso-Administrativo), Cuarta (Social) y Quinta (de lo Militar) del Tribunal Supremo o continúa esperando la renovación del órgano.
«La obstinación del Consejo General del Poder Judicial de seguir funcionando con una normalidad ajena a la realidad, realizando nombramientos que afectan y determinan la cúpula judicial, mal se compadece con un compromiso activo por la renovación del órgano constitucional que refuerce la confianza de la ciudadanía en el CGPJ», ha argumentado.
Así, la asociación de fiscales apela al principio de lealtad constitucional para reclamar a los miembros del órgano de gobierno de los jueces, cuya renovación lleva bloqueada desde hace dos años, que adopten «como objetivo último y exclusivo de toda su actuación la consecución de un normal desarrollo del proceso de renovación del nuevo CGPJ y limiten su gestión» a estas cuestiones.
En esta línea, la Unión Progresista de Fiscales ha lamentado la «obstinación» del PP al bloquear la renovación de los miembros de tres de las más importantes instituciones democráticas, en referencia al CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, y ha alertado de que esta situación «afecta directamente a la legitimidad» de estas instituciones y nos coloca fuera del marco constitucional».
Asimismo, ha vuelto a reclamar al resto de formaciones parlamentarias que cumplan «con el mandato constitucional de renovación de esas instituciones». «La pasividad y el aquietamiento ante el incumplimiento por parte de las fuerzas parlamentarias de la obligación de renovar el órgano de gobierno de los jueces por razones de oportunidad partidista o de otra naturaleza, contribuye al deterioro de la institución y supone una falta de respeto y lealtad a nuestra Constitución y la ciudadanía», ha alegado.
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