La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una comparecencia tras el Consejo de Ministros.
Unidas Podemos quiere que Hacienda ponga fin al “ahogo económico” que supone para los ayuntamientos la regla de gasto. Y lo ha hecho en dos frentes. Por un lado, ha registrado una iniciativa en el Congreso para acabar con los “efectos perversos” de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impuesta por el PP, más conocida como la Ley Montoro. Por otro, casi un centenar de alcaldes de IU, En Comú y Podemos han pedido por carta a la ministra María Jesús Montero que “suspenda” su aplicación mientras se reforma en profundidad la norma.
Un total de 90 alcaldías de Izquierda Unida, En Comú y Podemos han enviado igual número de misivas a la titular de Hacienda en las que reclaman a la también portavoz del Gobierno que de forma “extremadamente urgente”, y mientras se aborda una amplia reforma de la esta ley, “se proceda a la suspensión de las normas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales y en concreto, de la regla de gasto”. El objetivo, sostienen estos responsables municipales, es que los ayuntamientos “podamos abordar las políticas necesarias para proteger a la población de las consecuencias de la pandemia”.
Entre los alcaldes que han remitido a Montero esta carta están los de localidades como Zamora, Rivas Vaciamadrid, Conil (Cádiz), Los Palacios y Villafranca o Arahal (Sevilla) o El Prat y Sant Feliú de Llobregat (Barcelona).
“Compartirá conmigo -trasladan a la ministra- que hay que permitir que la administración más cercana deba atender adecuadamente las necesidades de su población. Queremos unos ayuntamientos al servicio de la gente que den respuesta a las necesidades de sus vecinos y vecinas; esperemos que el Gobierno de España también vaya en esa dirección y asuma la propuesta que le hago llegar”.
Esta reclamación también es la de regidores de otras formaciones, como el popular José Luis Martínez-Almeida, que ha insistido en las últimas semanas en que el Gobierno de Pedro Sánchez flexibilice la regla de gasto y que el consistorio pueda hacer uso del superávit que tiene.
El pasado jueves el grupo parlamentario confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común llevó este asunto a la Cámara en forma de proposición no de ley en la que defiende que se “permita a las administraciones públicas abordar la crisis económica y social a la que nos enfrentamos, eliminando toda traba o condición previa tanto para la posibilidad del uso del superávit como para los destinos a los que se pueda aplicar”.
Para Unidas Podemos el Covid-19 “ha implosionado en una tremenda crisis sanitaria y, como consecuencia de ella, también en una devastadora crisis social que empuja a millones de ciudadanos y ciudadanas a una situación de vulnerabilidad”. “Solo una decidida política de inversión pública puede ayudar a contrarrestar los efectos de esta brutal crisis social”, asegura, ya que “es ineficaz que en estos momentos el dinero público esté paralizado en los bancos cuando tan necesario es invertirlo en las personas”.
Este grupo parlamentario recuerda que antes de la pandemia, la deuda de las corporaciones locales había descendido “en un 11% de media en el último año, algunas la han reducido a proporciones mínimas, incluso a cero, siendo además las administraciones públicas que más han aportado en la reducción del déficit público”.
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