Izquierda Unida ha impulsado en el seno del grupo de Unidas Podemos una batería de iniciativas para conocer en profundidad la situación y el funcionamiento efectivo de las medidas de prevención, formación y apoyo a las víctimas de acoso sexual, laboral y profesional en las Fuerzas Armadas. Para ello, entre otras propuestas, ha registrado la petición de comparecencia de la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles para que “informe de la aplicación del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, así como de su grado de implementación y cumplimiento”.
Además, las diputadas de IU Eva García Sempere y Roser Maestro -portavoces parlamentarias de esta formación en materia de Igualdad y Defensa- han formalizado también una batería de preguntas que dirigen al Gobierno en funciones para, entre otros temas concretos, adelante si tiene previsto “algún tipo de medida que garantice y refuerce las medidas de prevención, formación y apoyo a las víctimas de acoso sexual, laboral y profesional en las Fuerzas Armadas, en especial a las de Tropa y Marinería”, a la vista del informe específico elaborado por el Observatorio de la Vida Militar referido al año 2018.
En este completo trabajo se indica que el Tribunal Militar Central identificó que, entre 2004 y 2015, en lo que se refiere al conjunto de las Fuerzas Armadas, hubo 174 denuncias relacionadas con acoso, de las cuales 110 fueron archivadas, 7 remitidas a la autoridad disciplinaria, 11 inhibidas a otros órganos y 46 fueron consideradas de naturaleza penal.
Maestro y Sempere destacan en su iniciativa que “de los 46 procedimientos penales, 11 fueron objeto de sobreseimiento, 13 terminaron en sentencia absolutoria y 22 con sentencia condenatoria: 12 por acoso sexual, 1 por acoso por razón de sexo y 9 por acoso profesional”. De ahí que planteen al Ejecutivo directamente si “ha abierto o tiene previsto abrir expediente informativo sobre la naturaleza de las 110 denuncias archivadas sobre las 174 presentadas».
Las dos diputadas completan su iniciativa interrogando sobre “qué valoración” hace el Gobierno sobre la información del Observatorio de la Vida Militar y cuál cree que es “el grado de cumplimiento de las medidas de prevención, formación y apoyo a las víctimas de acoso sexual, laboral y profesional en las Fuerzas Armadas”.
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