Taxi
Una ‘marea’ de taxis se ha manifestado este martes por el centro de Madrid para exigir al Ayuntamiento de Madrid una «desescalada» en el sector, esto es, que limite por decreto el número de vehículos activos en las calles ante la falta de demanda derivada de la crisis.
«Se trata de regular una medida provisional y coyuntural, que sea efectiva los meses de julio y septiembre porque en agosto ya estamos regulados a un 50% por período estival», explicó el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, quien calificó de «desprecio» la postura del Consistorio hacia el sector.
La concentración, convocada por la Federación y Élite Taxi, contaba inicialmente con autorización para que participaran 10.000 vehículos entre las 10.00 y las 12.00 horas de la mañana.
La marcha recorrió los carriles centrales del Paseo de Recoletos, la Plaza Colón, las calles Goya y Serrano, la Plaza de la Independencia y calle Alcalá, para finalizar en la Plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento.
El representante del sector detalló que con un «15% de actividad respecto a la habitual no tiene sentido» sacar todos los coches a la calle, ya que «no hay espacio material» para que los vehículos estén aparcados.
Es por ello que ha instado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, a tomar medidas similares a Barcelona y Valencia y que atienda a la petición del sector y ajuste la oferta.
Sanz insistió en que no tiene sentido «Estar aglomerados en la T-4 del aeropuerto 800 taxis, ocho horas compartiendo una parada sin ni siquiera unos baños o una cafetería». «Qué pintamos la totalidad de la flota dando vueltas por la ciudad sin tener trabajo, no tiene sentido», ha remarcado Sanz.
En esta línea, recordó que el sector del taxi estuvo por contra «en primera línea» durante la pandemia del coronavirus, realizando traslados gratuitos a los sanitario.
De su lado, el alcalde de Madrid ha asegurado que dialogarán con el sector lo que «sea necesario», pero ha vuelto a asegurar que desde la Corporación municipal no tienen la «capacidad normativa» para poder reducir la flota.
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