Imagen de la marcha por la vivienda en Madrid 2
Bajo el lema ‘Vivienda digna y sostenible ¡Ya!’, tendrá lugar a partir de las 12 horas, con un recorrido entre la Glorieta de Carlos V (Atocha) y la Puerta del Sol, y a ella se sumarán casi 40 colectivos de vivienda, vecinales, ecologistas, de derechos humanos, sindicales y sociales.
Sus promotores fueron los impulsores de la marcha que el pasado día 13 de octubre recorrió el centro de Madrid bajo el lema ‘La vivienda es un derecho, no un negocio’ y ‘Se acabó. Bajemos los alquileres’, que reunió a más de 22.000 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno.
Tras aquella marcha, convocada a nivel nacional, estos colectivos pondrán ahora de manifiesto «el agravamiento de las condiciones de acceso a la vivienda, cuyos precios no han dejado de subir en los últimos meses, al igual que el número de desahucios de familias vulnerables» y denunciarán «la tibia respuesta mostrada por las administraciones».
El precio medio de la vivienda en España alcanzó un nuevo máximo histórico en el último cuatrimestre de 2024, un 12,5% por encima de los niveles máximos de 2007, hasta alcanzar 2.164 euros/m2. La Comunidad lideró el ranking a nivel nacional con el precio más alto, 3.780 euros/m2, y la ciudad de Madrid se colocó a la cabeza de las capitales de provincia, con 4.517 euros/m2, según el Colegio de Registradores.
Una situación ante la que, según los convocantes, las administraciones no hacen nada para solucionarla. «Especialmente sangrante ha sido la actitud de la Comunidad, cuyo empeño ha sido seguir favoreciendo los negocios de fondos de inversión, rentistas y especuladores, en ocasiones con la con la complicidad de ciertos ayuntamientos, entre otros, el de Madrid», explican.
En este sentido, los impulsores de la marcha han cargado contra la Ley Ómnibus, «un buen ejemplo de legislar al dictado de los intereses del poder económico», o un Plan Vive que resumen como «un auténtico fracaso al priorizar los intereses de los inversores sobre el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna, adecuada y sostenible».
«Estamos viviendo una situación de emergencia brutal en la Comunidad de Madrid. Pero Ayuso –la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso– está a otras cosas. Aquí el derecho a la vivienda no existe, es el salvaje oeste», ha explicado Laura Barrio, activista por la vivienda.
De este modo, la marcha servirá también para poner de manifiesto «la ausencia de medidas de las administraciones que resuelvan en el corto plazo la falta de acceso a una vivienda digna para sectores cada vez mayores de la población». Se remarcá la cronificación de dos «situaciones especialmente graves» ante las que se «sigue sin asumir responsabilidades», como son «el abandono deliberado de Cañada Real», donde miles de personas siguen sin suministro eléctrico, y «el desastre» de las obras de ampliación de la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares y Coslada.
En este contexto, se abogará medidas «urgentes» como la limitación «sin demora» de los precios del alquiler en las zonas tensionadas de la región y la ampliación del parque de vivienda pública disponible, con la incorporación inmediata de los inmuebles de la Sareb y otras viviendas sin uso.
«Las administraciones públicas tienen que elegir si están con los especuladores o si están con las familias afectadas que necesitan un techo para vivir. No puede ser que nuestra ciudad se convierta en un parque temático, en un gran escapate para el turismo, mientras los vecinos son expulsados al extrarradio», ha subrayado Alejandro Escribano.
En este marco, también se censurará la postura de la Comunidad de «criminalizar» las situaciones de ocupación «cuando buena parte de ellas son fruto de la necesidad y la desesperación social», con una ciudadanía «cada vez más empobrecida por la distancia existente entre los precios para acceder a una vivienda y los salarios».
Así, se entatizará el mensaje de que la vivienda «no es un bien de mercado, sino un derecho», se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Carta Social Europea y en la Constitución española (artículo 47).
Como prioridad, reclaman un parque de vivienda pública «que en ningún caso pueda ser descalificada», y que deberá situarse aproximadamente «en la tercera parte de las viviendas totales». Para ello, ven necesario integrar las viviendas de la Sareb en la gestión de vivienda pública; reacondicionar viviendas fuera de uso; e incorporar a la gestión pública las viviendas vacías.
También defienden que habría que cerrar los pisos turísticos ilegales e imponer una licencia de actividad, un número máximo y su ubicación en zonas donde no haya demanda habitacional de larga duración, así como establecer zonas tensionadas para el control y reducción del coste del alquiler, además de un índice de precios máximos «no regido por las reglas de mercado».
Ven necesario igualmente adoptar «urgentemente» medidas para que ninguna persona pueda ser desahuciada «si no tiene alternativa habitacional», incrementando además la financiación en las políticas sociales», así como que todas las propuestas que se impulsen garanticen «valores mediambientales y sostenibles».
Entre las casi 40 organizaciones que se integran en la misma están plataformas como Afectados por la Línea 7B de Metro, Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Usera y Arganda-Rivas, la FRAVM, Amnistía Internacional Madrid, sindicatos o la Plataforma cívica por el derecho a la luz en Cañada Real.
Encima de la mesa plantean un decálogo de medidas para cambiar el estado actual del mercado, entre otras, la ampliación y aplicación de la Ley estatal de Vivienda, «con especial urgencia en puntos como la imposición de precios máximos de alquiler y la gestión desde lo público del Plan Estatal de Vivienda Pública», así como la aprobación de una Ley autonómica de Vivienda «con la fijación de unos objetivos sociales, la creación del un parque público de vivienda no descalificable del 30% del total y la declaración de zonas tensionadas directamente por parte de los municipios».
La creación de un plan a cinco años, «suficientemente dotado», para la rehabilitación de viviendas, garantías legales de que no se producirán desalojos sin alternativa habitacional, o la suspensión inmediata de las licencias de pisos turísticos y el cierre de los que están en situación irregular, con la imposición de sanciones, son otras de las cuestiones que defienden.
Desde Hábitat 24 se insiste igualmente en la despenalización del acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda Pública de las familias sin título habilitante o en la adecuación al nuevo escenario de cambio climático, «protegiendo el arbolado y creando las condiciones para que éstos sean habitables».
También exigen el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Europa y de la Defensoría del Pueblo restableciendo el suministro eléctrico en Cañada Real o una solución de la situación creada en San Fernando y Coslada por la 7B de Metro «mediante un pacto regional».
Finalmente, piden la «preservación y refuerzo de los valores medioambientales y de los entornos afectados en cualquier proyecto urbanístico». «Ya es hora de que Ayuso deje de gobernar para los poderes económicos que la han nombrado y lo empiece a hacer para garantizar los derechos de toda la ciudadanía», zanjan.
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