Mariano Rajoy y Maria Dolores de Cospedal
En el Palacio del Pardo, el 5 de abril de 1968, el régimen franquista dio ‘luz verde’ a la Ley sobre secretos oficiales que cincuenta años después sigue vigente. Una ley que está detrás del secretismo en las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), el organismo que regula la venta de armas de España.
Fue en un Consejo de Ministros de marzo de 1987 cuando el Gobierno de Felipe González consideró que las actas del JIMDDU debían permanecer secretas aparándose en la ley de secretos oficiales de 1968, tal y como recuerda Greenpeace. Una decisión que el PSOE tomó un año después del referéndum de la OTAN y al mismo tiempo que El País desvelaba el comercio de armas que había realizado España con Pinochet.
La ley de secretos oficiales de 1968 sobre la que amparó su decisión el Ejecutivo del PSOE – según denuncian diferentes ONG – sigue en funcionamiento y certifica que podrán ser declaradas «materias clasificadas» los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado (artículo 2).
El artículo 3 determina que las “materias clasificadas” serán calificadas en las categorías de secreto y reservado en atención al grado de protección que requieran y que ésta calificación corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor (art. 4).
La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 no modificó la efectividad de los secretos oficiales vinculados con el comercio de armas, ya que el artículo 14 de esa ley detalla que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa y las relaciones exteriores, entre otras cosas.
El Congreso vota para cambiar la ley franquista
El 29 de noviembre de 2016, el Congreso de los Diputados votó a favor de una reforma de la ley de Secretos Oficiales de 1968 impulsada por el PNV, que contó con los votos en contra de PP y Ciudadanos.
Según denuncia Greenpeace, ha pasado más de un año desde aquella votación plenaria y la ley sigue sin tramitarse. “El bloqueo se ha orquestado desde la Mesa del Congreso, donde un uso perverso de las prórrogas al plazo de enmiendas ha permitido retrasar el debate en 39 ocasiones, hasta la fecha”, lamenta la ONG.
La propuesta del PNV plantea, entre otras cosas, fijar un procedimiento automático de desclasificación de documentos pasado un periodo de tiempo: 25 años para las materias secretas y 10 para las reservadas.
¿Quién decide las exportaciones de armas?
Los requisitos para exportar armas desde España son básicamente dos: estar inscrito en el registro de exportadores, el REOCE, y haber recibido autorización para realizar la exportación. Ambos requisitos dependen de un mismo organismo, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), cuyos informes son preceptivos y vinculantes, describe un informe de Greenpeace.
El presidente de la JIMDDU corresponde por ley a la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía. Además, en esa misma mesa se sienta el Vicepresidente (el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores) y los vocales que forman el Director General de Política Exterior, el Director General de Armamento y Material, el Director General de la Policía y Guardia Civil, el Director del CNI, el Secretario General Técnico del Ministerio de Industria, el director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Director General de Comercio Internacional e Inversiones.
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