La decisión de la juez responde a una denuncia formulada por el Sindicato Manos Limpias y, según han señalado fuentes jurídicas, se enmarca en una fase muy inicial del procedimiento. La juez, recoge Europa Press, ha solicitado documentación con relación a la citada denuncia, sin que haya llamado aún a nadie a declarar en calidad de investigado ni testigo.
En su resolución, la magistrada da parte de la incoación de diligencias al Ministerio Fiscal, al propio Toro y al resto de miembros del consejo de administración de SEPI “que deberán ser identificados”. Contra su decisión cabe recurso en los próximos tres días.
Fuentes cercanas al Consejo Gestor que gobierna el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas consultadas por esta agencia expresan una disposición plena a colaborar con la Justicia y, por tanto, a actuar con la máxima transparencia y rigor ante posibles requerimientos orientados a esclarecer cualquier tipo de dudas que puedan suscitarse en relación con este procedimiento.
Según estas fuentes, las ayudas a la compañía cumplen todos los requisitos de elegibilidad, y las condiciones están establecidas en la orden ministerial que regula el acceso al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
Las mismas fuentes indican que se trata de una ayuda amparada por la normativa comunitaria y en ningún caso se trata de una subvención a fondo perdido. Así, Plus Ultra se ha comprometido a devolver los préstamos recibidos, que se ajustan a lo previsto en la normativa comunitaria para ayudar a las empresas españolas que están sufriendo los efectos del Covid-19. Una Comisión de Seguimiento garantizará el reembolso de las ayudas concedidas a esta línea aérea.