Refugiados
«Necesitamos nuevas herramientas que nos permitan evitar, en lugar de gestionar después, las graves consecuencias de una migración y sistemas de asilo sobrecargados y de una capacidad de acogida agotada», razonan los ministros de Interior de estos doce países, entre los que están Grecia, Hungría y Polonia, pero no España, en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press.
El documento se ha hecho circular horas antes de que los ministros de Interior de la Unión Europea iniciaran este viernes una reunión en Luxemburgo para abordar distintos asuntos, incluido un balance de los pocos avances logrados en la negociación para reformar la política de migración y asilo común y también la preocupación por la instrumentalización que países como Bielorrusia hacen de la migración para presionar a los Veintisiete.
«Ningún país tercero debería poder hacer uso de nuestro sistema de asilo con el propósito de presionar políticamente y chantajear a la UE y a sus Estados miembros o de explotar la situación actual en Afganistán», señala la carta, que pide reforzar la resistencia al «abuso» de la política de asilo y defiende que para garantizar la seguridad dentro de la UE es necesario controlar más el paso exterior.
En este contexto, la docena de países que promueven el escrito reivindican la necesidad de rediseñar el marco legal europeo para «adaptarlo a la nueva realidad», que definen como «intentos de instrumentalizar la migración ilegal con fines políticos u otras amenazas híbridas».
Aunque no nombran ningún país en concreto, la Unión Europea ha denunciado reiteradamente los intentos «desesperados» del régimen bielorruso de Alexander Lukashenko por «debilitar» a la UE permitiendo el paso irregular de miles de migrantes a territorio europeo.
La Comisión Europea, además, tuvo que apercibir este año a Marruecos tras la crisis en Ceuta y ha mediado en varias ocasiones con Turquía por permitir el paso ilegal hacia Grecia, si bien Bruselas prefiere diferenciar estos casos de los de Bielorrusia y defiende el diálogo con Rabat y Ankara.
En opinión de los doce ministros de Interior que firman la declaración dirigida al Ejecutivo comunitario y al Consejo, la construcción de muros con fondos europeos sería una medida «legítima» para proteger la frontera exterior por lo que debería estar «financiada de manera adecuada» con recursos «adicionales» a cargo de las arcas comunitarias.
«Nuestra Unión necesita estar preparada para posibles desafíos similares en el futuro», insisten el grupo de países, que subrayan la importancia de contar con «nuevas vías de respuesta a este tipo de agresiones» y celebra que la Comisión Europea haya dicho que quiere reforzar las medidas legales de que dispone para actuar en situaciones de presión orquestada por Estados terceros.
La declaración está firmada por los ministros de Interior de Austria, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia y Eslovenia; y ha sido presentada al resto de socios durante el Consejo de ministros europeos en Luxemburgo.
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