Hace ya tres años que la ONU creó un Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre empresas transnacionales y Derechos Humanos: el objetivo era “poner fin a la impunidad, crímenes económicos, sociales y medioambientales cometidos por las empresas transnacionales”.
Y además, crear un instrumento internacional vinculante que permita enjuiciarlas y crear las condiciones para la no repetición; es decir, un Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos.
Esta mesa ‘anti impunidad’ aspira a superar el campo de la Responsabilidad Social Corporativa, que no deja de ser un marco voluntario, para construir un sistema que obligue a las grandes corporaciones a promover un sistema económico con garantías plenas para las personas y sus entornos.
El órgano intergubernamental celebra su tercera reunión la semana próxima en Ginebra, pero el asunto ha hecho una parada en el Congreso de los Diputados español. Hasta 26 organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y de cooperación reclamaron la celebración de una jornada previa para emplazar a los partidos políticos españoles a posicionarse sobre un sistema de protección ante la actividad mundial de las grandes empresas. Lo lograron, y este acto tuvo lugar ayer.
“Necesitamos un tratado vinculante para mitigar las consecuencias injustas de la globalización sin regulación que ha generado asimetrías entre Estados, comunidades, individuos y corporaciones en términos de acceso a la justicia, y que debilita la protección de los Derechos Dumanos, especialmente en las regiones más empobrecidas del planeta”, explica la plataforma
Las organizaciones que la conforman creen esencial “que el mayor número posible de Estados apoye el trabajo realizado por el grupo de trabajo intergubernamental de Naciones Unidas”, de ahí que la parada en la Cámara baja del parlamento español sirva para dar a conocer este trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en nuestro país.
Los colectivos convocantes, reunidos en la Sala Clara Campoamor del Congreso, pidieron ayer “aunar esfuerzos de la sociedad civil organizada y de grupos parlamentarios” y consensuar “un documento de demandas al Gobierno español, que participará en la sesión del Consejo de Derechos Humanos a través de su misión en Ginebra y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación”.
Los colectivos luchan, con esta jornada, también por un espacio en el que “aportar las propuestas creadas a partir de nuestra experiencia en la defensa de los Derechos Humanos”.
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Creen que “ciertos aspectos son claves para la configuración del futuro tratado, como la responsabilidad solidaria entre la empresa matriz y toda su cadena de valor, crear instancias internacionales para supervisar el cumplimiento del tratado y activar mecanismos que fortalezcan los sistemas jurídicos nacionales y la cooperación y monitoreo internacional.
Reclaman en definitiva un refuerzo de la responsabilidad estatal, de manera que se asegure a las víctimas el acceso a reparación y se prevenga “la reproducción de violaciones de los Derechos Humanos derivadas de las operaciones de corporaciones transnacionales tanto en el Estado de origen como en los Estados de destino de estas compañías”, piden los convocantes.
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