En concreto, de esas 43.381 personas, 26.212 eran dependientes con derecho pendientes de prestación, y 17.169 estaban pendientes de resolución del grado de dependencia.
Además, de los datos se desprende que las comunidades autónomas con mayor «limbo de la dependencia», es decir, con mayor número de personas pendientes de recibir prestación, son: Cataluña (31,8%), La Rioja (31,2%) y Canarias (27,5%); y las que menos, Castilla y León (0,15%), Ceuta (3,3%) y Navarra (4,1%).
Aragón y Asturias han sido las que en mayor porcentaje han reducido su lista de espera, un 36,7% y un 33,7% respectivamente; mientras que Canarias (+24,2%), Murcia (+14,1%), La Rioja (+12,5%) y Cataluña (+5,5%), a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, han aumentado la lista de espera en este año.
Según advierte la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, «la burocracia en los procedimientos y estas comunidades no van a permitir que el Gobierno cumpla con el objetivo de reducción de la lista de espera en 60.000 personas comprometidas en el plan de choque».
La Asociación destaca que las comunidades que más ha aumentado las personas beneficiarias con prestación en lo que va de año han sido la Comunidad Valenciana (con un incremento del 14,38%), el Principado de Asturias (14,24%) y la Comunidad de Madrid (13,59%).
Por el contrario, lamenta que en el País Vasco ni siquiera se ha mantenido la tasa de reposición, disminuyendo el número de personas beneficiarias; y en Cantabria, el número personas con derecho se ha reducido, en lo que va de año, en un 11,5%.
Para la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, estos datos «parecen indicar que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se reactiva», pero advierte de que «ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a las personas dependientes con Grado I».
Las prestaciones y servicios, según indica, son «cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes» para las necesidades de las personas en situación de dependencia. Por ello, «lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones», pide «medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables».
En concreto, pide al Gobierno de España y a los Gobiernos Autonómicos que acometan reformas para «agilizar los trámites, simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento».
También propone avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones, e incluir la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia.
Auque la Asociación destaca que «ya se han recuperado los recortes del 2012 y se han incrementado los presupuestos», recuerda que «cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley y que, desgraciadamente, a las 43.381 personas que fallecieron este año, el plan de choque no les llegó a tiempo».
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