Refugiados
El sindicato de Policía Nacional, Alternativa Sindical de Policía (ASP) exige al Gobierno que estudie incluir en el Código Penal español la actividad de las ONG que “traen” en embarcaciones a miles de inmigrantes irregulares a Europa.
El sindicato policial recalca en un comunicado que “en los dos últimos años hemos asistido a una actividad inusual por parte de algunas ONG que provistas de buques, se adentran en aguas de Libia y Turquía para recoger a inmigrantes y trasladarlos a suelo europeo”. Haciendo notar que “la cifra ‘traída’ por esas ONG supera ya los 150.000 extranjeros irregulares desde aguas de Turquía y Libia, hacia Grecia e Italia”.
ASP explica que según el artículo 318 bis del Código Penal español, “todas aquellas personas u organizaciones que ayuden a entrar en territorio de la UE a personas de terceros estados vulnerando la legislación de entrada serán autores de un delito contra los ciudadanos extranjeros”. Aunque, el mismo artículo en su párrafo segundo deja fuera de la punibilidad “cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”.
Si a un patrón de una patera se le procesa por traer 20 inmigrantes, ¿por qué a una ONG que trae 629 no se la imputa?
Sin embargo desde ASP consideran que lo que hacen estas ONG no es ningún recate humanitario ya que estiman que “salvo que se trate de un buque en situación de naufragio, avería grave por temporal o hundimiento, no se trata de un rescate, ya que un “recate” es cuando se produce un incidente ajeno a la voluntad de sus ocupantes, sin embargo, a lo que nos enfrentamos es a algo que tanto la tripulación como el pasaje provocan para disfrazarlo de rescate humanitario” y ser transportados a Europa, que es lo que tanto las mafias, como los pasajeros pretenden.
El sindicato policial cree por tanto que “las ONG no están rescatando inmigrantes irregulares, lo que están haciendo es trayéndolos a Europa, que es lo que ellos provocan y quieren”. Y van incluso más allá en sus acusaciones, ya que afirman que estas organizaciones humanitarias “con su actividad están haciendo la última fase del trabajo que deberían hacer las mafias y que por supuesto cobran en suelo libio antes de haber zarpado”.
Por ello, desde ASP exigen, que salvo las causas de emergencia descritas anteriormente “todas las actividades de interceptación de buques en el mar sean únicamente por embarcaciones oficiales del estado español” y también que “el Gobierno apruebe la creación de un nuevo delito en el Código Penal español, a través del cual se impute tanto a las tripulaciones, como a los responsables de esas ONG que realizan ese tipo de actividades en alta mar”.
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