La juez, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, señala que “el desembolso de la cantidad de 34.000.000 de euros, como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta la existencia de este procedimiento” judicial.
La instructora entiende que continuar con esta inyección de dinero en el plazo previsto arriesgándose a “una entrega no justificada” supondría “un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior”.
“La teoría general de las medidas cautelares en el ámbito de delitos contra el patrimonio en un sentido amplio de peligro o urgencia de su necesidad, peligro en la mora y el ‘fumus bonis iuris’ son aquí de aplicación, teniendo siempre un carácter provisional”, ha dicho.
El Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid investiga el rescate por importe de 53 millones de euros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió a Plus Ultra para mantenerla a flote, y que Vox y PP, ambos personados en la causa, consideran irregular.
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La justicia paraliza el rescate del Gobierno a Plus Ultra
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