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La decisión se toma una vez recibido el atestado de la Guardia Civil referente a la investigación sobre el robo de cobre en la línea del AVE a su paso por la provincia de Toledo. En el procedimiento judicial abierto se investiga la presunta comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas.
Fue en la noche del pasado domingo cuando 10.700 viajeros se vieron afectados en 21 trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla que quedaron paralizados o con demoras por el robo de cable en cuatro puntos diferentes a su paso por la provincia de Toledo.
En concreto, lo robos se produjeron en los términos municipales de Los Yébenes (puntos kilométricos 92/850 y 93/600) y Manzaneque (puntos kilométricos 101/400 y 102/200), afectando a las instalaciones de señalización de la línea, recoge la citada agencia.
Los operarios del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) lograron reparar el mismo lunes una avería registrada en la línea ferroviaria en el tramo entre Yeles y La Sagra (Toledo), que provocó demoras en las salidas desde Madrid y Sevilla que se sumaron a las que sufrieron miles de viajeros por el robo de cobre.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, denunció ese mismo domingo por la noche “un acto grave sabotaje” en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y aseguró, posteriormente, que este acto podría ser “deliberado”, en un tramo “crucial” para la circulación y en plena vuelta de las vacaciones del Puente de Mayo sin que el cable robado tuviera un gran valor económico.
No obstante, el martes dejó a un lado esta palabra sabotaje y señaló que los importantes retrasos del domingo fueron causados por el “acto vandálico” del robo de cables en la vía, que provocó la disrupción del servicio. En la misma línea, negó que la falta de inversión en infraestructuras tuviese algo que ver con lo sucedido.
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