juzgados de plaza de castilla
El caso que involucra a los redactores de El País, El Mundo y 20 Minutos surge a raíz de las informaciones publicadas el 25 de noviembre sobre el informe de la UCO que analiza el material incautado a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por orden del TS. El documento, según se desprende de las filtraciones, concluye que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tuvo una “participación preeminente” en los hechos que provocaron la difusión de una nota investigada en la causa. El instructor del Supremo remitió la queja de la Abogacía del Estado a los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla, al carecer de competencia sobre aquellos no aforados.
La Abogacía del Estado, en representación de la fiscal jefa y del fiscal general, presentó quejas formales por la presunta filtración de un informe elaborado por la Guardia Civil. Dicho informe recogía conversaciones personales y correos electrónicos incautados en el despacho de Pilar Rodríguez, así como su coordinación con miembros de la Fiscalía, entre ellos Álvaro García Ortiz.
“Los periodistas han sido llamados a declarar el próximo 19 de junio por informar sobre el contenido de un informe confidencial de la Guardia Civil”
La relevancia del caso radica en la posible revelación de secretos y la vulneración de la confidencialidad que rodea a la investigación abierta en el Tribunal Supremo, sobre la que recae un alto nivel de protección legal.
El documento de la UCO apunta a que el fiscal general del Estado jugó un papel decisivo en la difusión de la nota informativa investigada. El origen de estos hechos se remonta a la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según los agentes, el informe recopila de forma cronológica todas las comunicaciones de Rodríguez con la Fiscalía y con el propio García Ortiz antes de que el Ministerio Público emitiese la nota que actualmente se encuentra bajo escrutinio judicial.
“El magistrado del Tribunal Supremo dejó el asunto en manos de los juzgados de Plaza de Castilla para que valoraran las posibles responsabilidades penales”
Este movimiento procesal deja la puerta abierta a nuevas diligencias y posibles derivaciones en la investigación principal, que busca esclarecer los pasos que llevaron a la difusión de una información supuestamente protegida por el secreto de las actuaciones.
La citación de los cuatro periodistas está prevista para el 19 de junio. Ese día, deberán responder en calidad de investigados por la presunta difusión ilícita del contenido del informe. De acreditarse la revelación de secretos, podrían enfrentarse a responsabilidades penales.
Mientras tanto, la Abogacía del Estado mantiene su postura de que la publicación de estas informaciones ha vulnerado derechos fundamentales y el deber de confidencialidad. Por su parte, los medios implicados defienden que se han limitado a ejercer su labor periodística, garantizando el derecho a la información de la ciudadanía.
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