La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés ha inadmitido a trámite una querella presentada por once familias de cuatro residencias de este municipio madrileño contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Escudero, por la gestión de estos centros durante los peores meses de la pandemia del Covid-19 al considerar que los hechos se basan en «meras conjeturas» y no son constitutivos de «ningún tipo de infracción penal».
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez sostiene que el escrito judicial se basa «en subjetividades» y esgrime que el Covid-19 es «una enfermedad nueva de la que poco o nada se sabía en el mes de marzo».
La querella iba dirigida contra Ayuso, cuatro directores de residencias de Leganés y Escudero. Se formuló por delitos de homicidio imprudentes, lesiones, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.
El magistrado detalla que del relato de los hechos «no se deduce la existencia de indicios racionales de criminalidad», indicando que se describe «la dolosa situación por la que han atravesado once familias en relación a familiares suyos que han enfermado y en algunos casos fallecido» por la pandemia.
Así, expone que se pretende «englobar en una misma situación los casos de los once querellantes cuando el propio relato de la querella desprende la existencia de esenciales diferencias entre ellos». «Hasta en cuatro de los casos descritos no se habla ni de sintomatología compatible con dicha infección, ni menos aún de prueba de diagnóstico positiva de la misma», arguye.
«MERAS PROSPECCIONES»
Asimismo, reprocha que el relato fáctico sean «meras prospecciones de los querellantes, «no conteniendo inicio alguno en que basar sus sospechas de actuación irregular por parte de las residencias». Insiste en que se habla «de hipótesis» a lo largo de la querella y se extraen conclusiones de meras conjeturas y subjetividades».
En cuanto a los directores de los centros, el juez argumenta que en el contenido de la querella se alude a la actuación de la Comunidad de Madrid y «nada se dice respecto de las residencias» o de «una actuación negligente o culpable», sino que «más bien se las presenta como meras ejecutoras de las directrices» del Gobierno regional.
Y sobre el Ejecutivo de Ayuso, se muestra en contra de los argumentos de los querellantes sobre una mala aplicación de los protocolos e insiste en que hay que tener en cuenta que se está ante «una enfermedad nueva de la que poco o nada se sabía en marzo».
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