La decisión del juez Loren AliKhan del distrito de Columbia se produce después de una demanda presentada por la ONG Democracy Forward, que alega que la orden viola la Primera Enmienda, según ha recogido el diario ‘The New York Times’.
«Este es un suspiro de alivio para millones de personas que han estado en el limbo durante las últimas veinticuatro horas como resultado del cruel intento de la Administración Trump de cerrar los programas de asistencia y subvenciones federales de los que dependen las personas en todo este país», ha señalado la ONG en un comunicado.
La congelación ha desatado revuelo en Estados Unidos sobre qué tipo de gastos se verán afectados. La Casa Blanca ha afirmado que la pausa no afectará a la Seguridad Social, al programa sanitario de Medicare o a la asistencia concedida a individuos concretos. Los tribunales han paralizado la medida al menos hasta el 3 de febrero.
Esto se produce además después de que más de una docena de fiscales generales demócratas hayan anunciado que emprenderán acciones legales contra esta iniciativa, que previsiblemente iba a entrar en vigor sobre las 17.00 horas (hora local), según ha recogido la cadena NBC News.
«La nueva política de esta administración no sólo pone en riesgo a la gente, sino que además es claramente inconstitucional. El presidente no puede decidir qué leyes aplicar y para quién. Cuando el Congreso destina fondos a un programa, el presidente no puede retirarlos por capricho», ha dicho la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
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