El ministro Cristóbal Montoro en el Congreso.
Según ha avanzado La Vanguardia, en la trama están involucradas 28 personas y seis personas jurídicas por la presunta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Según el auto dictado por el Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, “el uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”.
Las investigaciones, añade, “ponen de manifiesto la intencionalidad para aprobar una modificación ad hoc, es decir, que beneficiase exclusivamente a las gasísticas y dejase fuera a otros sectores cuyos costes de electricidad también superasen el lindar del 50% de los costes de producción”.
También evidencia que incluso correspondió a las empresas englobadas en la AFGIM (Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos) “la redacción del texto propuesto para la elaboración de la norma que los incluyese en el citado beneficio fiscal, dando lugar a una situación que podría calificarse como sustitución o externalización indebida en el ejercicio de potestades normativas en la fase prelegislativa de la elaboración de la ley, así como de su reglamento de desarrollo”, recoge la citada agencia.
Además, recoge también que “presuntamente hace uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE”.
El juez ha acordado el levantamiento del secreto de sumario sobre una causa que se abrió hace siete años y la notificación de la condición de investigados a Montoro y a diversos ex altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico, según la resolución.
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