Un juez admite la demanda de Felipe González contra Indra por un bonus de 7,3 millones

El Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid ha admitido la demanda millonaria de Felipe González contra la empresa Indra, participada en un 18% por el Estado, según informa hoy elconfidencial.com, que destaca que el juez estima que la reclamación de un bonus de 7,3 millones de euros del ex presidente del Gobierno y su hijo tiene fundamentos sólidos, una prima que el presidente del grupo, Fernando Abril-Martorell, se niega a abonar por entender que no se ha cumplido lo pactado.

Señala el medio online explica que dicho juzgado ha admitido ya la demanda cursada por Oyauri Investment, la sociedad participada por un exconsejero de la propia Indra Joaquín Moya Argeler, por el expresidente del Gobierno y por su hijo Pablo González Romero, una compañía que fue adquirida por Indra en 2013 por casi tres millones de euros.

Hace notar elconfidencial.com que aunque las dos partes han estado negociando un pacto para evitar que el asunto acabase en los tribunales, el equipo dirigido por Fernando Abril-Martorell ha preferido que sea un juez el que dirima las diferencias para evitar incurrir en una irregularidad. Y cuenta que desde la compañía se sostiene que se mantiene una política muy escrupulosa con el uso del dinero, especialmente porque la crisis vivida entre 2015 y 2016 forzó a despedir a más de 3.000 personas en todo el mundo, más de la mitad en España.

El acuerdo inicial de compra incluía un bonus adicional o ‘earn out’ de 7,3 millones, que ahora Indra se niega a abonar, al entender que no se ha cumplido lo pactado. La empresa, participada en un 18% por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), considera que no debe desembolsar ninguna prima adicional porque no se ha satisfecho la principal condición: alcanzar una cifra mínima de ventas de la tecnología desarrollada por G-Nubila, la filial de Oyauri Investment.

Según estas fuentes, Indra se niega a compensar a los accionistas de Oyauri por considerar que el acuerdo alcanzado con Pablo González fue en realidad un pago que la antigua dirección del grupo hizo a personas vinculadas por relaciones políticas más que empresariales. De hecho, sostienen que la compra de la sociedad iba acompañada de un contrato para mantener como trabajador cualificado al hijo del expresidente del Gobierno, con una compensación de hasta 375.000 euros en el caso de que fuese despedido antes del vencimiento del pago variable.

Y añade que, portavoces oficiales de Indra descartan motivaciones políticas ni de ninguna otra índole, y aseguran que «la única razón por la que no se pagó en su día el precio variable previsto en la compraventa es por no haberse cumplido las previsiones contractuales para el devengo de dicho precio variable, que consistían en alcanzar determinados objetivos de ventas que daban derecho a su cobro”.

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