ALDAMA
Según consta en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, se trata de un análisis emitido «a petición» del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMOS), fechado el 10 y 11 de diciembre y que, de acuerdo con las fuentes consultadas, pretende entregarse al instructor del ‘caso Koldo’ en el TS, el magistrado Leopoldo Puente.
El informe, de 29 páginas, explica que «se ha realizado un estudio pormenorizado de la totalidad de los expedientes de contratación de obras y servicios de ADIF y ADIF AV durante el periodo temporal que discurre entre los meses de junio de 2018 y julio de 2021, referido a la totalidad de las mercantiles que han sido nombradas por los diferentes medios de comunicación», en base a los señalamientos efectuados por De Aldama.
El ‘dossier’ indica que se ha ceñido al «marco de la ‘documentación’ entregada al Tribunal Supremo, documentación que incluye varias hojas del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2021, en las cuales se subrayan determinados proyectos, proyectos que se declaran supuestamente incursos en la realización de determinados tratos de favor o actuaciones fuera de la legalidad».
Al hacer referencia al proyecto de PGE del año 2021 que De Aldama ha aportado al alto tribunal, ADIF pone de relieve la «extraordinaria generalidad» de los elementos «subrayados».
La entidad pública expone que «la documentación tomada como base se refiere a partidas presupuestarias que recogen corredores ferroviarios de centenares de kilómetros o conceptos muy amplios que, en la mayoría de ellos, incluyen en un mismo ejercicio presupuestario multitud de contratos de todo tipo, desde la propia ingeniería de redacción de los proyectos constructivos hasta asesoramientos, obra civil, todo tipo de instalaciones y suministros, servicios auxiliares, etc.»
Entrando ya al detalle, el informe precisa que «una vez filtrados bajos esos condicionantes la información que obra en los sistemas, se acotó inicialmente en 373 contratos entre ADIF y ADIF AV conjuntamente».
ADIF arranca aclarando que «en tres de los epígrafes destacados como potencial gestión irregular –concretamente, LAV Valladolid-Burgos-Vitoria, Inversiones en Líneas de Explotación y Renovación de la Estación de Valladolid Campo Grande– no se ha iniciado ni finalizado expediente de contratación alguno durante el periodo temporal investigado».
Y continúa indicando que, «de los 220 contratos de ADIF, únicamente seis de ellos encajan dentro de los criterios de selección y se descartaron al ser pedidos contra acuerdo marco de uno de los contratos de mantenimiento, y cuya tramitación se realizó fuera del periodo temporal investigado».
En cuanto al resto de contratos de ADIF, sostiene que «no son adjudicatarias ninguna de las empresas mencionadas».
Completa señalando que, «de los 153 contratos restantes de ADIF AV, una vez cruzados con la totalidad de las empresas que han sido nombradas por los distintos medios de comunicación, se han detectado siete coincidencias correspondientes a siete expedientes de contratación sobre los cuales se ha estudiado de manera pormenorizada el devenir de los mismos».
«Como ha quedado acreditado, de manera motivada, ninguna tramitación/gestión de dichos expedientes de contratación ha devenido ni en la constatación ni incluso en la sospecha de algún trato de favor o actuación irregular», asegura.
El informe expone que, «adicionalmente y dadas las concreciones en las manifestaciones realizadas, se amplió el estudio a dos contratos con la mercantil Aridos Anfersa SA, contratos que una vez revisados se descarta de manera fehaciente la existencia de trato de favor o arbitrariedad alguna».
Fue el pasado 4 de diciembre cuando De Aldama aporto un escrito de 39 folios y sus respectivos anexos al TS. El empresario aludió al «reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos con ocasión de la adjudicación de obra pública y el reparto por territorios». Según dijo, «la mayoría de estos contratos fueron adjudicados a tres empresas relacionadas con Koldo García»: Obras Públicas y Regadíos (OPR), Áfridos Anfersa y Levantina, Ingeniería y Construcción.
De Aldama aseguró que los responsables de dichas compañías fueron «avistados» con Koldo García por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante los seguimientos realizados en el marco de la investigación. Y recalcó que, «como complemento», disponía de una «relación de obra pública, pre-adjudicada, que se licitaría conforme a los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al año 2021, fundamentalmente por la Dirección de Carreteras».
El empresario adjuntó capturas de pantalla de al menos tres documentos en los que «aparecen subrayados en color rosa los contratos públicos, ya pre-adjudicados a empresas previamente seleccionadas, a quienes debían ser adjudicados».
Según De Aldama, se trataría de «empresas que habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias». «La investigación acreditará las empresas a las que fueron adjudicadas las obras subrayadas en «rosa'», aclaró.
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