Manifestación del 8M
Un funcionario de la Delegación del Gobierno en Madrid dice que se permitió la celebración de la manifestación del pasado 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer para «no alarmar» a la población y para evitar tener que «parar todo lo demás», por los efectos económicos que pudiera tener.
Así se desprende de la diligencia de la comparecencia de un técnico del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno ante la Guardia Civil, que se incluye en el segundo informe que los investigadores han entregado a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, en el marco de la investigación al Delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos al estado de alarma por la pandemia del coronavirus.
Según consta en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, este funcionario afirmó que en los días anteriores al 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria, «faltaba conocimiento sobre la tasa de hospitalización, no se informaba de ello» e indicó que «hubo una estrategia de ‘no alarmar’ a la población» que, en su opinión, consiguió que «no se concienciara y no se protegiera».
Así respondía a la Guardia Civil al ser preguntado, «a la vista de su especial formación en Enfermería y Sanidad Exterior», qué consideración le merece la celebración de «este tipo de reuniones/manifestaciones en fechas en que se conocían los posibles riesgos asociados al covid-19 y en especial el día 8 de marzo en adelante».
El testigo concretó que en esas fechas «hubo muchas notificaciones y medidas contradictorias, que crearon confusión y mayor riesgo a la población. Al final, el ‘no alarmar’, ha provocado justo lo contrario». Añadió que «en España se ha pecado mucho de soberbia y al final ha sido muy perjudicial».
NO ASISTIÓ A NINGUNA REUNIÓN SOBRE LA CRISIS SANITARIA
El técnico del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales apuntó durante su declaración que no asistió a ninguna reunión relacionada con la crisis sanitaria, sino que era su superior, el jefe de Servicio, el que acude a estos encuentros y «recibe las directrices».
Asimismo, explicó que el 28 de febrero de 2020 el departamento elaboró un «documento de formación-información» sobre el riesgo del coronavirus y las medidas para prevenir el contagio y que desde la Secretaría de la Delegación del Gobierno se les encomendó «hacer algo», sobre todo por el riesgo que conllevaba la llegada de viajeros desde terceros países.
En este sentido, afirmó que la Delegación del Gobierno posee «las herramientas necesarias» para tener conocimiento de la situación del covid-19, tanto a nivel nacional como internacional porque existe el Servicio de Coordinación del Ministerio de territorialidad, con «conexión y comunicación directa con Sanidad Exterior».
Con todo ello, preguntado si «a la vista de la información relacionada con el covid-19 existente en la Delegación del Gobierno, no le resultó extraño» que no se suspendieran las concentraciones convocadas, el funcionario manifestó que «fue todo cuestión de dinero y el no poner restricciones y no alarmar».
Así, dijo que se «ponderaron las consecuencias para otros sectores y no les compensaban» porque «si paraban esas manifestaciones, tendrían que parar todo lo demás».
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