Francisco González, expresidente de BBVA
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso ‘Tándem’ ha acordado admitir la personación como perjudicado del abogado Felipe Izquierdo en la pieza 9 de la macrocausa en la que se investigan los encargos del BBVA al comisario jubilado y en prisión preventiva, José Manuel Villarejo. Admite además la querella que ha presentado el perjudicado y que se dirige contra el expresidente de la entidad Francisco González.
Según el auto del juez, al que ha tenido acceso Europa Press, además de contra González –ya investigado en el marco de esta pieza 9–, la querella va contra el actual jefe de auditoria interna de BBVA, y director de gabinete de presidencia en los años a los que se refiere la presente querella, Joaquín Gortari, y contra el propio BBVA. Izquierdo alega que la entidad bancaria dio órdenes de espiarle con flagrante vulneración de su intimidad y violación de sus derechos fundamentales por orden de González y Gortari.
En la querella, el abogado señala que los hechos, de los que tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación, son cuanto menos constitutivos de los presuntos delitos de cohecho activo, revelación de secretos y corrupción en los negocios.
En el escrito de Anticorrupción que resuelve en favor de la admisión de la querella, se indica que la investigación objeto de la presente pieza separada «se extiende a los hechos que son objeto del escrito de querella».
El Ministerio Público, recuerda que en esta pieza se indaga sobre las contrataciones que desde 2004 altos directivos del BBVA, a través de su entonces jefe de seguridad Julio Corrochano, se habrían efectuado en nombre y provecho de la entidad con el entramado empresarial de Villarejo (Grupo Cenyt). La relación se mantuvo durante 13 años y el comisario habría percibido más de diez millones de euros.
Por medio de Cenyt, Villarejo se dedicaba a desarrollar proyectos de gestión de crisis para empresas, que en realidad «consistirían en servicios de inteligencia ilícitos e incompatibles con la labor policial» del comisario a cambio de «elevadas sumas de dinero».
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