Un abogado madrileño ha presentado en los juzgados una denuncia contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, por un delito de prevaricación administrativa con motivo de la decisión de mantener el cierre de los parques de la capital al asumir «competencias en pandemia» que no tiene, impidiendo a los madrileños el disfrute de espacios verdes «cuando más se necesitan» y cuando se ha permitido realizar actividad física por cualquier vía o espacio público.
Según consta en la denuncia, interpuesta ayer por el letrado José Luis Mazón y a la que ha tenido acceso Europa Press, dirige su denuncia contra el alcalde madrileño y su edil por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, solicitando la medida cautelar de proceder a la «inmediata» reapertura de los parques y jardines madrileños.
El letrado critica la decisión del Ayuntamiento de Madrid de mantener los parques cerrados mientras «se arremolinan en turba los vecinos de Madrid en las aceras contiguas a los parques porque no pueden acceder a los jardines, los sátrapas o irracionales deben de ser inhabilitados».
En primer lugar, la denuncia menciona que el artículo 4.1 de la orden que establece las condiciones por las que se podía hacer ejercicio a partir del 2 de mayo «permite la actividad física por cualquier vía o espacio de uso público, incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas, siempre que se respeten los límites establecidos en esta orden».
UNA «ILEGALIDAD»
Relata el texto judicial que Almeida, autor material, y Carabante, autor por cooperación necesaria, «ambos conocedores de la ilegalidad, cerraron todos los parques el pasado 14 de marzo hasta la fecha, imposibilitando así disfrutar del espacio al aire libre y aglomerando a la población en el trazado irregular de las calles estrechas que caracterizan el plano de Madrid».
«Grandes áreas verdes de la capital –como Casa de Campo, Pradolongo, Dehesa de la Villa– o la zona de Madrid Río permanecen cerrados, y el resultado evidente es que las aceras y paseos están desbordados al verse encuadrados entre calles no cerradas a los coches y parques cerrados para las personas, asumiendo un alto riesgo de contagio del Covid-19», señala la denuncia.
De este modo, incide el letrado que si dicha orden «permite hacer deporte individualmente y pasear, no existe justificación al cierre de espacios verdes donde se puede manejar mucho mejor la distancia de seguridad».
Recuerda que ciudades como A Coruña, Valencia o Sevilla, con obediencia a la Orden Ministerial y para evitar agolpamientos, sí permiten pasear y hacer deporte en áreas verdes para dar más espacio a los peatones.
Por tanto, cree que hay delito de prevaricación en el acuerdo del Ayuntamiento de Madrid respecto del cierre de parques y jardines «incompatible» con la citada orden, siendo Almeida y Carabante «los autores de la arbitrariedad de mantener por derecho de sátrapa o uso arbitrario del poder público una medida a todas luces no solo irracional, sino contraria a los fines del desconfinamiento parcial». «Se debe calificar de arbitraria, es decir, no adecuada a la legalidad, el acuerdo del Ayuntamiento de cierre de todos los parques y jardines pues se incumple la Orden SND/380/20202», asevera.
ALEGA FALTA DE COMPETENCIA
«No se trata de una interpretación errónea, equivocada o discutible, sino que hablamos de una absoluta falta de competencia del Ayuntamiento en la inobservancia de la Orden Ministerial, en la ausencia de explicación razonable y discordancia patente y clara del contenido tan esencial como es la salud pública de todos los madrileños», agrega.
Por todo ello, entiende que existe dolo directo en el acuerdo del Ayuntamiento pues ha sido dictado «a sabiendas de su injusticia, esto es, con clara conciencia de la arbitrariedad o ilegalidad, marcada por una oposición política con ejercicio arbitrario del poder. Nada lesiona más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes públicos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos deberían ser los primeros custodios.
Según expone el abogado, resulta «palmario que los denunciados, de forma organizada y en clara connivencia, han abusado de su poder para impulsar su rivalidad e intentan por medios y normas ilegales hacer oposición política y obstruir la orden publicada en el BOE».
Por tanto, entiende que todos ellos, deben ser investigados por un delito de prevaricación administrativa y solicita expresamente al Juzgado la adopción de la medida cautelar urgente de inmediata apertura de espacios verdes «a fin de mantener la distancia física y por tanto menor riesgo de contagio».
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