José Luis Escrivá y María Jesús Montero en una comparecencia tras el Consejo de Ministros.
En un comunicado conjunto, los sindicatos creen que la reforma está “incompleta” y es “precipitada” por “no haberse producido un marco real de negociación en el ámbito del diálogo social como si se produjo en 2004 y 2011”, al tiempo que consideran que satisface “de manera casi inmediata las supuestas necesidades de sectores laborales que dicen requerir incorporación urgente de personas migrantes”.
En este sentido, creen que es “un flaco favor” el que hace el Ministerio de Trabajo y Economía Social a la cohesión del mercado de trabajo español cuando, “en lugar de apostar por mejorar las condiciones de trabajo de sectores precarizados se les facilita una mano de obra subsidiaria”, además de considerar que pone en cuestión “la propia utilidad de los servicios públicos de empleo”.
Entre los aspectos a valorar en la reforma, citan “la transformación de la autorización de estancia para extranjeros y extranjeras por motivos de estudios” que califican de “una suerte de autorización para trabajar por causa de formación, que supone pervertir la figura del estudiante extranjero y transformarlos en un pre trabajador o trabajadora sin importar el promocionar o facilitar la fuga o drenaje de cerebros desde los países de origen y, de paso, volviendo inútil la consideración de la situación nacional del empleo”, recoge Europa Press.
También consideran “sospechosa la figura del arraigo por motivos de formación, que supuestamente permitirá el acceso a la documentación a través de una formación previa en España y dirigida a satisfacer lagunas laborales de determinados sectores”; y la determinación de la situación nacional de empleo a través del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que creen que “sufre una ‘reforma interruputus’, puesto que no se abarca una reforma meditada en su totalidad de los elementos que deben configurar un mecanismo ágil, eficaz y realista para evaluar las necesidades reales del mercado de trabajo español”.
Por todo ello, piden retomar el diálogo social efectivo en materia migratoria, ya que, como destacan, “desde 2004 ha permitido el desarrollo de una política efectiva basada en el diálogo con los interlocutores sociales”.
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