Josep María Álvarez, secretario general de UGT
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha asegurado a través de un comunicado que los Presupuestos Generales del Estado reflejan el «escaso compromiso» del Gobierno con las necesidades sociales.
Precisamente, el sindicato ha señalado que el Proyecto de Ley de los PGE 2018 en materia de servicios sociales «no aporta ninguna novedad importante» y que es «imagen» de las políticas de restricción en gasto social del actual Gobierno.
En este sentido, ha criticado que, a pesar de la recuperación económica, no se destina el dinero necesario para suplir los recortes realizados durante la crisis, y que no se alcanzan los niveles de recursos previos a la crisis, lo que afecta a la cobertura que se ofrece a los ciudadanos.
Respecto al incremento en un 3,2% del presupuesto destinado al Imserso para el año 2018, la organización apunta que esta subida responde fundamentalmente al incremento del nivel mínimo destinado a la atención a la dependencia y a una asignación económica (20 millones de euros) para las personas afectadas por la talidomina.
Además, UGT aclara que, aunque se incrementa el dinero destinado al Programa de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (un 3,42%), esta subida «no va a suponer una mejora» en la protección a las personas dependientes, ni en la gestión de este sistema de protección. El aumento responde, según el sindicato, «únicamente» a financiar el nivel mínimo de protección establecido por la propia Ley de Dependencia.
Por otro lado, UGT ha criticado que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha volcado «muchas de sus responsabilidades» en el Tercer Sector, en «detrimento del diálogo social».
Según el sindicato, el Ministerio está «supliendo» la participación y el papel de los interlocutores sociales, a través de la participación del Tercer Sector y de las plataformas en las que se agrupan. En concreto, UGT apunta que el Ministerio vuelca en ellas la «responsabilidad que le compete», es decir, «externaliza en masa» las acciones de igualdad y políticas públicas que son responsabilidad de las administraciones.
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