UGT advierte que el bono social no impedirá los cortes de luz

UGT ha advertido que la nueva regulación aprobada por el Gobierno sobre el bono social no impedirá que hogares necesitados sufran cortes de luz y no garantiza el acceso a un suministro básico de electricidad de forma igualitaria para todas las rentas. Por ello, el sindicato exige una reforma en profundidad del mercado eléctrico, revisar los conceptos fijos de las tarifas eléctricas y reducir la fiscalidad de este suministro básico aplicando el IVA súper reducido. “Tanto la regulación de bono social como la definición de consumidores vulnerables no es la adecuada porque no garantiza el acceso a toda la población a un suministro básico de electricidad”, denuncia UGT, que explica que el descuento sobre la factura es claramente insuficiente porque se fija un límite máximo de consumo en función de la unidad familiar, mientras que en el consumo de calefacción deberían tenerse en cuenta fundamentalmente los metros de la vivienda, y no tanto el número de personas que componen el hogar. “Tampoco tiene en cuenta el mayor consumo en los meses de invierno, ni diferencia por zonas climáticas”, añade el sindicato.

UGT no comparte la definición que el Gobierno realiza de consumidor vulnerable porque fija criterios basados fundamentalmente en los ingresos, el número de miembros de las familias y el límite de consumo, sin tener en cuenta que la mayoría de estos hogares pertenecen a hogares energéticamente ineficientes e incluso, el gasto medio de consumo en hogares energéticamente pobres tiene un consumo superior al límite que se ha establecido en el Real Decreto. El sindicato está también en desacuerdo que las familias numerosas por el hecho de serlo, y sin considerar sus rentas, puedan disponer del bono social sin límite temporal hasta que dejen de ser familia numerosa.

A juicio de UGT, la prueba de rentas no debería ser demostrable desde el año anterior sino en el momento presentar la solicitud, sin embargo, la regulación aprobada por el Gobierno obliga a presentar la declaración de la renta del año anterior. Por ello, recuerda al Gobierno que una persona pasa en un espacio muy breve de tiempo a situación de exclusión social, desde el momento en el que no se reciben rentas.

Por otra parte, la Unión General de Trabajadores advierte que la norma solo impide el corte de suministro para los consumidores en riesgo de exclusión social, si la Administración local o autonómica asume el 50% del importe de la factura.

Por todo ello, reclama una reforma en profundidad del mercado eléctrico, estableciendo que el precio de Kwh. se fije en función de su coste real de generación, acabando de esta manera con el actual sobrepago a las empresas eléctricas.

Además, considera que se debería revisar el conjunto de conceptos incluidos en la parte fija de las tarifas eléctricas (potencia contratada), para determinar la procedencia de los que deban ser asumidos por el conjunto de consumidores, permaneciendo en la tarifa, y los que proceda que sean sufragados por los PGE por ser más propios de otras políticas sectoriales, industriales o territoriales.

Igualmente, el sindicato cree que es preciso reducir la fiscalidad de estos suministros básicos, aplicando el IVA súper reducido, en el marco de un modelo fiscal justo, progresivo y suficiente como el que debe contar nuestro país; recordando que, en el caso del suministro de agua, otro bien esencial, el IVA aplicado es del 10%.

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