Tu abuelo es un terrorista

Mis primeros recuerdos navideños incluyen baile con la escolta de mi tío. La banda terrorista ETA tenía amenazado desde hacía años a este miembro de mi familia que acabó dejando de asistir a las reuniones familiares porque su presencia implicaba un protocolo de seguridad tan minucioso (revisión de todas las maletas, coches, etc.) como incómodo. Ahora, años más tarde, descubro que terrorismo también es sabotear peajes y carreteras.

Provocar un atasco en la autopista resulta que podría entrar dentro de la misma categoría que provocó centenares de muertos fuera y dentro del País Vasco y la retirada de mi tío de las reuniones familiares.

La reforma en diciembre de 2015 del Código Penal extendió la definición de terrorismo (artículo 573) y la dejó libre a la interpretación de cada uno. Desde aquel pacto que rubricaron PP y PSOE cuando agonizaba la mayoría absoluta de Rajoy, terrorismo ya no era solo el asesinato, secuestro o amenaza procedente de una banda terrorista.

Un delito grave contra “la libertad, el patrimonio, contra la Corona, la integridad moral” que tenga como finalidad “subvertir el orden constitucional, suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas, obligar a los poderes públicos a realizar un acto o alterar la paz pública” se considerará delito de terrorismo, definió la reforma. Una redacción que deja la interpretación del delito a la arbitrariedad de quien lo investiga.

La Guardia Civil detuvo esta semana en Cataluña a una integrante de los Comités de Defensa de la República (CDR) a quien imputa delitos de terrorismo y rebelión. Esta representante de los CDR fue, presuntamente, una de las responsables de los cortes de carretera y sabotajes en los peajes. Terrorismo.

Pensionistas, 15-M y antidesahucios

La acusación de terrorismo a una persona que ha saboteado la circulación de tráfico y los peajes es el inicio de un recorrido judicial que atemoriza a varios expertos judiciales. Un recorrido que, ya puestos, podría incluso dejar como ‘terroristas’ a los pensionistas que rodearon y quitaron las vallas del Congreso de los Diputados.

Aquellos pensionistas rodearon el lugar donde reside la soberanía nacional para tratar de obligar a los poderes públicos a realizar un acto (actualizar las pensiones al IPC).

De igual manera, las primeras acampadas del 15-M, con aquella voluntad inequívoca de querer “subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas” (art. 573 del Código Penal) y, por supuesto, “alterar gravemente la paz pública·.

La Plataforma Antidesahucios podría ir por el mismo camino, al chocar frontalmente contra resoluciones judiciales y tratando de “obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo” (art. 573).

Incluso Pablo Casado, cuando siendo líder de las Nuevas Generaciones participó en la paralización el tráfico del Paseo de la Castellana para protestar contra José Luis Rodríguez Zapatero, podría entrar dentro de la nueva definición de terrorismo.

Los sabotajes en las carreteras catalanas tienen definido un delito claro, el de “desórdenes públicos”. Sin embargo, la reforma del Código Penal asegura que lo sucedido en los peajes guarda relación con aquellas navidades vascas donde mi tío dejó de venir.

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