La acusación sobre la investigación que lidera el fiscal especial Jack Smith se ha presentado poco antes sellada, tal y como solicitó el Gobierno federal, para evitar así que el acusado huya de la justicia o conozca las penas que se le imputan, según ha informado la cadena CNN, recoge Europa Press.
En concreto, Trump se enfrenta a un cargo de conspiración “mediante el uso de la deshonestidad, el fraude y el engaño para obstruir el proceso nacional de recopilación, conteo y certificación de los resultados de las elecciones presidenciales”, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión.
El expresidente se enfrenta a una sentencia máxima de 20 años de prisión por conspirar para impedir que el Congreso certifique los resultados recogidos por las urnas y a una sentencia de diez años de prisión por conspirar contra el derecho al voto.
Finalmente, el cuarto cargo conlleva una sentencia de 20 años de prisión por intento de obstruir la certificación de las papeletas. El caso ha sido asignado a la jueza de distrito Tanya Chutkan, nombrada por el expresidente Barack Obama, y que es conocida por dar las sentencias más duras en los casos del asalto al Capitolio.
“Este no es sino otro capítulo corrupto en el patético intento de la familia criminal de Biden y su títere Departamento de Justicia para interferir en las elecciones presidenciales de 2024”, ha reaccionado en un comunicado el equipo de su campaña electoral en la red social Truth Social.
Los fiscales federales han asegurado en un comunicado recogido por CNN que el expresidente “estaba decidido a permanecer en el poder” tras su derrota en las elecciones de 2020 y que estuvo más de dos meses “difundiendo mentiras sobre fraude electoral” sabiendo que dichas afirmaciones “eran falsas”.
Además, han añadido esas falsas declaraciones crearon “un intenso ambiente de desconfianza e ira, y erosionaron la confianza pública en la administración de las elecciones”.
La acusación ha afirmado que Trump manipuló a los manifestantes al hacerles creer que el entonces vicepresidente Mike Pence podría cambiar los resultados de las elecciones, por lo que acabaron “asaltando de forma violenta” el Capitolio tras conocerse la negativa de Pence.
Otra de las pruebas en su contra es una llamada del entonces asesor de la Casa Blanca Pat Cipollone, en la que le pidió retirar sus palabras y que permitiese al Congreso la ratificación de los resultados, aunque el expresidente acabó negándose.
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