Protesta en defensa de la USAID en Washington (Foto: Sue Dorfman/ZUMA Press Wire/dpa)
La profunda reestructuración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha provocado una ola de reacciones a nivel global.
La Administración Trump ha sostenido que los recortes responden a la necesidad de eliminar programas ineficientes y reorientar los recursos hacia prioridades más concretas de la política exterior de Estados Unidos.
Sin embargo, las repercusiones de esta medida despiertan inquietud en organismos no gubernamentales y en diversos sectores de la comunidad internacional que se benefician de la ayuda norteamericana.
Según el balance presentado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el Gobierno ha decidido suspender o anular el 83% de los programas de la USAID, lo que equivale a unos 5.200 contratos. Este paso supone, en palabras de Rubio, un ahorro de “decenas de miles de millones de dólares” en iniciativas que “no han servido” y que incluso habrían “perjudicado los intereses nacionales” de Estados Unidos.
“La Administración Trump se compromete a mantener únicamente el 18% de los programas, aproximadamente mil contratos”
Estos contratos sobrevivientes, asegura Rubio, “ahora serán administrados de manera más efectiva por el Departamento de Estado”, en una clara alusión a una reestructuración integral que concentra el poder en manos de la diplomacia norteamericana.
El papel del Departamento de Eficiencia Gubernamental, donde se integra el magnate Elon Musk, ha sido decisivo en la elaboración de esta reforma. Musk, conocido por sus polémicas declaraciones y su carácter disruptivo, llegó a calificar a la USAID de “organización criminal” y celebró los recortes como un paso necesario para garantizar la eficacia de la ayuda exterior.
“Elon Musk: ‘La USAID es una organización criminal.”
La participación de Musk en este proceso ha generado debate público, pues mientras algunos lo ven como un visionario centrado en la eficiencia, otros consideran que sus opiniones representan una visión demasiado empresarial aplicada a la política internacional.
La decisión de Donald Trump y su equipo no ha estado exenta de contestación. Diversas organizaciones humanitarias temen que la cancelación masiva de contratos afecte de forma directa a proyectos que proporcionan recursos básicos en zonas vulnerables del mundo. Entre los riesgos señalados se destacan posibles reducciones en programas de salud, educación y desarrollo comunitario que hasta ahora dependían de la financiación de la USAID.
Además, la batería de recursos presentada por distintos colectivos busca frenar o al menos retrasar el cierre de proyectos ya comprometidos, alegando que el daño a las comunidades receptoras sería irreparable si Estados Unidos corta de forma abrupta estos fondos.
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