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Dicho informe, exponen ambas organizaciones de padres y madres de alumnado y de colegios privados, constata la “disparidad” que existe entre los concertados dependiendo de su ubicación. Así, las cuantías promedio más elevadas se dan en Cataluña (214,5 euros), Madrid (129,1) y País Vasco (99,6), “donde el 100 % de los centros analizados cobran cuotas”.
“A la cuota base mensual”, continúa el estudio, “se añaden otros gastos a los que las familias han de hacer frente (comedor, matrícula, cuota tecnológica, gabinetes psicopedagógicos, seguros, otros servicios…), que sumado puede llegar a suponer desde 2.000 euros hasta 10.000 anuales por alumno en la Comunidad de Madrid o Cataluña”.
Frente a esto, y “aún siendo el cobro de cuotas mayoritario”, en contraposición están los pagos mensuales que se dan en otras comunidades, como en Andalucía (53,1 €), Aragón (41,3 euros), la Comunidad Valenciana (82,9), Galicia (47,6) y Murcia (52,9).
La consultora Garlic B2B, encargada de este estudio, ha reconocido que una de las mayores dificultades que encuentra para realizar la investigación es la “insistencia que se requiere para que los colegios concertados informen y entreguen documentación precisa a las familias sobre lo que cobran y en concepto de qué”, asegura Amparo Núñez. Esta investigación se lleva a cabo a través de la metodología ‘mystery shopper’. Es decir, explica Ceapa y Cicae en una nota, los técnicos simulan ser padres o madres que solicitan información para la matriculación de sus hijos en 2º ciclo de Infantil para el curso escolar 2023-2024.
“A pesar de requerirlo en más de una ocasión, el 39 % de los colegios analizados no llegan a entregar documentación o escrito en el que se indique los precios que han de abonar”, desvela.
Además de constatar que en el 76 % de los colegios el cobro que se exige a las familias es obligatorio, contraviniendo la legislación vigente, también han detectado un 16% de casos de exclusión en el supuesto de que una familia no pueda o quiera hacer frente a esa cuota. En el caso de la Comunidad de Madrid esta cifra llega al 36%.
Estos casos, ha explicado Núñez, surgen cuando un colegio “aparta o indica a la familia que no puede asistir” el alumno a determinadas actividades complementarias, excursiones o iniciativas que determine el colegio por no pagar esa cuota.
Para la vicepresidenta de Ceapa, Leticia Cardenal, “nos llama especialmente la atención que, año tras año, no solo no se rebajen las cuotas, sino que sigan subiendo a pesar del enorme esfuerzo que supone para las familias”. “Y todo ello con la pasividad de las administraciones”, ha denunciado, “que siguen sin hacer nada para evitar que los colegios que reciben dinero público se sigan lucrando a costa de las familias”.
“Hablamos de colegios en los que prima el negocio por encima del proyecto educativo, y eso va en perjuicio de la educación y del propio alumnado”, ha lamentado.
A esta asociación le “preocupa en especial aquellas familias que, matriculando a sus hijos o hijas en la concertada por criterio de proximidad, se ven obligadas a pagar unas cuotas elevadas, por complementos, actividades complementarias, en horario escolar o por seguros escolares”. “La administración no debe dejar desprotegidas a esas familias”, exige la vicepresidenta de Ceapa.
Por su parte, para la directora general de Cicae, Elena Cid, es inadmisible que las Administraciones Públicas “permitan el incumplimiento normativo y no pongan freno a estas prácticas, conocidas por toda la sociedad”. “En un sistema sostenido con fondos públicos, algunos centros hacen un uso abusivo e ilegal de las cuotas, siendo muy poco transparentes con las familias y actuando como ‘privados low cost’”. En su opinión, es especialmente grave “cómo el sistema de conciertos se está desvirtuando, pues cuando se crearon nunca se pensó en que fueran entidades mercantiles lucrativas”.
“Tienen todos los gastos de funcionamiento cubiertos por la administración y en ocasiones exigen donaciones, aportaciones voluntarias, pago por actividades complementarias o complementos formativos, cuando la realidad es que las familias están soportando un copago por enseñanzas obligatorias”, ha asegurado.
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