Trece personas están siendo investigadas por la Guardia Civil por delitos relacionados con la comercialización ilegal de jamones y otros productos cárnicos derivados del cerdo, a través de 14 empresas dedicadas este sector en las provincias de Badajoz, Cáceres, Huelva, Salamanca, Granada, Murcia, Madrid, Zaragoza y Barcelona.
En concreto, la investigación está siendo desarrollada por el Equipo de Seprona de la Guardia Civil de Badajoz, conjuntamente con los veterinarios del Servicio Extremeño de Salud, en el marco de la ‘Operación Sanedrac’. Se acusa a los investigados de ser presuntos autores de delitos de estafa, falsedad documental, contra la salud pública y los consumidores, relacionados con la comercialización ilegal de tales productos alimenticios.
La investigación se inició cuando los veterinarios de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura inspeccionaron una empresa de productos cárnicos en la localidad pacense de Salvaleón, a raíz de la advertencia de sus homólogos de la Zona de Salud de Alcuéscar para tratar de averiguar la trazabilidad de una partida de jamones.
En la inspección hallaron jamones y paletas de cerdo «con graves deficiencias de trazabilidad para poder acreditar su origen legal», y carentes de marchamos o sellos sanitarios, por lo que procedieron a la inmovilización cautelar de 24.843 piezas, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.
Así, una vez examinados los datos de la documentación facilitada por la empresa, comprobaron «numerosas irregularidades» en su cumplimentado con información incompleta en los documentos aportados, o modificados, coincidencia de fechas en expedición de los mismos productos por distintos operadores, y referencia a direcciones de empresas no registradas por las Autoridades sanitarias.
Unas circunstancias que «ofrecían dudas en relación con la posibilidad de encontrar y seguir el rastro» de éstos, a través de las diferentes etapas de su comercialización, como obligan los Reglamentos (CE) 178/2002 y 931/2011, según explica la Guardia Civil en nota de prensa.
Así, y ante las sospechas de que se estuviera llevando a cabo una actividad ilegal con la comercialización de los productos, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Autoridad Judicial competente, quien ordenó la investigación al Equipo de Seprona de la Guardia Civil de Badajoz, por si la citada empresa pudiera estar incurriendo en un supuesto ilícito penal.
Con esta orden, desde el pasado mes de abril de 2019, los agentes realizan numerosas gestiones, como la inspección en la empresa y gran cantidad de documentos, en los que pudieron constatar la «falta de identificación de los productos en la industria», bien por ausencia total o por la falta de referencia a los lotes del producto y/o marcado sanitario y/o marcado de entrada en salazón.
También se ofrecían dudas, según la Guardia Civil, sobre la trazabilidad interna así como la posibilidad de garantizar el origen del producto, que carecía al mismo tiempo, de documentación que justifique toda la información alimentaria obligatoria, como ingredientes, información nutricional y fechas de caducidad, lo cual no garantizaba la obligación de información al consumidor.
En el transcurso de la investigación, también se obtuvieron «pruebas e indicios suficientes de la existencia de un entramado empresarial del sector cárnico dedicado a la comercialización ilegal de productos derivados del cerdo ibérico», y observaron además precintos de diferentes colores en relación a jamones y paletas de cebo ibérico y cebo de campo ibérico, en los que los documentos de certificación presentados por el operador, ofrecían dudas en cuanto a su correlación con el resto de documentación, los precintos y lotes, no asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma de Calidad del cerdo Ibérico.
Con la explotación de la operación, se consiguió relacionar en las acciones delictivas a 14 empresas dedicadas a la comercialización de productos cárnicos ubicadas en las provincias de Badajoz, Cáceres, Huelva, Salamanca, Granada, Murcia, Madrid, Zaragoza y Barcelona, de los que 13 de sus responsables han sido investigados por ser considerados autores de los delitos de estafa, falsedad documental, contra la salud pública y los consumidores.
La Dirección General de Salud Pública del SES inmovilizó 24.843 perniles de cerdo, con un peso total de cerca de 150.000 kilos, y las diligencias instruidas se han entregado en el Juzgado de Instrucción de Jerez de los Caballeros.
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