El director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero
Trapero subrayó que la policía debe ir «de la mano de la sociedad» y buscar un reconocimiento social similar al de médicos y profesores. Insistió en que el cuerpo policial tiene que saber contenerse y actuar con responsabilidad democrática, alejándose de intervenciones partidistas o desproporcionadas.
«La policía debe ser una institución reconocida por su servicio a la ciudadanía, no una herramienta de intereses políticos»
Recordando los atentados del 17A en Barcelona, Trapero explicó que la percepción positiva de la sociedad hacia los Mossos provocó un «orgullo sano» dentro del cuerpo, que vino acompañado de una profunda autocrítica. Aseguró que en estos años se ha avanzado significativamente en la coordinación y en el conocimiento sobre radicalización y amenazas terroristas.
Sobre las teorías que apuntan al CNI y al papel del imán de Ripoll, Trapero evitó entrar en valoraciones, remitiéndose únicamente a los datos disponibles. Negó tajantemente que el imán hubiera sobrevivido a las explosiones de Alcanar.
Respecto al referéndum del 1-O, Trapero defendió que la actuación de los Mossos respondió a un modelo de policía democrática. «Hay situaciones donde la actuación policial solo puede estropear las cosas», afirmó.
También recordó el «dolor» que le causó el proceso judicial en la Audiencia Nacional, en el que llegó a enfrentarse a una petición de 11 años de cárcel por rebelión. Trapero confesó que llegó a creer que su vida sería «una larga procesión por los juzgados» y que incluso tomó decisiones personales y económicas contemplando una posible entrada en prisión.
Tras 190 sesiones de terapia, asegura haber superado el impacto emocional, aunque todavía le cuesta entender la «sobreactuación y mentira» de algunos testigos en su contra.
«Llegué a oler la cárcel en la terraza de mi casa», confesó Trapero sobre el impacto psicológico del proceso judicial
Trapero fue absuelto en octubre de 2020 y regresó al cuerpo policial al año siguiente. Sin embargo, fue cesado en diciembre de 2021 por el entonces conseller Joan Ignasi Elena, un proceso que calificó de «francamente mejorable» y que, según él, estuvo rodeado de «informaciones falsas» promovidas desde la Conselleria.
Sobre el fallido intento de detener a Carles Puigdemont en agosto pasado, admitió que fue «un golpe» para la imagen de los Mossos, aunque consideró que las explicaciones deben venir de «la parte operativa» del cuerpo.
Trapero explicó que, aunque en Catalunya y en España no existe un problema grave de delincuencia violenta, sí hay un aumento del pequeño delito. A diferencia de 2005, cuando los delitos eran en su mayoría por necesidad, los delincuentes actuales están «mejor organizados» y saben cómo aprovecharse del sistema.
Reclamó cambios legislativos en relación con el uso de armas de fuego y recordó que el Código Penal debe ser una herramienta flexible que se ajuste a las necesidades sociales. A su juicio, las sociedades no cambian reprimiendo, sino educando.
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