Lupa
La resolución del Consejo llega tras una larga batalla administrativa iniciada en 2021, cuando un periodista solicitó acceso a los expedientes tributarios de PP, PSOE, Vox y Podemos. Hacienda negó la petición amparándose en la reserva de datos fiscales, pero varias sentencias del Tribunal Supremo marcaban el camino contrario. Ahora, Transparencia otorga un ultimátum de diez días para entregar tanto las resoluciones de inicio como las de cierre —ya sean sanciones o archivos— emitidas desde el año 2000.
Transparencia recuerda que los partidos son entidades de “interés público” y que su financiación y obligaciones fiscales deben ser conocidas por la ciudadanía
En mayo de 2021, un profesional de la información pidió a la AEAT copia de los expedientes iniciados contra los cuatro grandes partidos desde el milenio. La respuesta de Hacienda llegó en junio con la negativa y el argumento de la normativa tributaria sobre el carácter reservado de los datos.
El Tribunal Supremo ha rechazado en otras ocasiones el uso del secreto fiscal para blindar expedientes que afectan al interés general
El ministerio dirigido por María Jesús Montero insistió en 2022 en su negativa, alegando posible afectación a datos personales y la existencia de información relativa a terceros.
PSOE, Vox y Podemos presentaron alegaciones en contra de la entrega.
PP no respondió, lo que Transparencia interpretó como falta de consentimiento.
Hacienda también advirtió del volumen y la amplitud temporal de la solicitud, que abarca un cuarto de siglo de actividad fiscal.
El organismo aplica el criterio de que los partidos políticos son sujetos de interés público según la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos. Por ello:
Plazo: 10 días hábiles para entregar la información al reclamante y al propio Consejo.
Contenido: Resolutions de apertura y cierre (sanción o archivo) de los expedientes.
Alcance: Procedimientos entre 2000 y 2025, inclusive. El Consejo recuerda que la protección de datos personales puede lograrse mediante la anonimización de la información sensible, sin impedir la publicidad de los hechos relevantes.
Control ciudadano: La medida refuerza el escrutinio sobre la financiación y el cumplimiento tributario de los partidos.
Precedente legal: Puede abrir la puerta a nuevas solicitudes de información sobre otras entidades de carácter público.
Confianza democrática: La divulgación de sanciones tributarias impacta en la percepción social de la integridad de las formaciones políticas.
La resolución sienta un precedente para futuros casos donde choque el secreto fiscal con el derecho de acceso a la información pública
Si Hacienda no atiende el requerimiento, el reclamante podrá acudir a la Audiencia Nacional. Por su parte, los partidos pueden recurrir la resolución, aunque el Consejo advierte que el Supremo ya ha fijado doctrina a favor de la transparencia en supuestos similares.
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