Congreso de los Diputados
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha avisado de que, como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno para frenar al coronavirus, la tramitación de sus expedientes se va a retrasar aún «más de lo habitual».
El órgano encargado de velar por la aplicación de Transparencia y Buen Gobierno y de gestionar las reclamaciones relativas a peticiones de información que le remiten los ciudadanos ha decidido hacer público este aviso tras las últimas decisiones adoptadas por el Ejecutivo.
En concreto, este organismo independiente explica, según recoge Europa Press, que con la declaración del estado de alarma se suspenden e interrumpen diversos plazos administrativos que son de aplicación en el sector público.
TENÍA UN PLAZO DE TRES MESES
Según la ley de Transparencia y Buen Gobierno, el consejo tiene un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar sus resoluciones ante las reclamaciones que le llegan.
En condiciones normales, pasados esos tres meses, la reclamación debe entender como «desestimada», pero al menos mientras dure el estado de alarma, ese plazo administrativo ya no es tendrá en cuenta.
El retraso en la resolución de sus expedientes no es el único que sufre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, puesto que este órgano lleva dos años y cuatro meses con su Presidencia vacante. La primera y hasta ahora única presidenta del Consejo, Esther Arizmendi, falleció en noviembre de 2017 y desde entonces ejerce el cargo en funciones el subdirector de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós.
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